Los cinco miembros de La Manada comparecieron ayer en el Juzgado de guardia de Sevilla, entre una gran expectación mediática, para cumplir con lo ordenado por la Audiencia Provincial de Navarra tras decretar su libertad provisional.

Numerosos medios de comunicación nacionales se agolparon a las puertas del Juzgado de guardia ante la llegada de José Ángel Prenda, Alfonso J. Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza y Antonio Guerrero, condenados a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una joven madrileña en Pamplona durante los Sanfermines de 2016.

Por separado y entre las 9:00 y las 13:00 horas, los condenados llegaron a los juzgados sevillanos. Todos entraron al edificio en silencio y con rostro serio, y Prenda realizó gestos cuando la prensa le preguntó cómo se encontraba.

El primero en acudir fue el militar Alfonso Cabezuelo, a las 9:10, que apareció con el rostro serio y que a la salida escuchó los gritos de las personas que se encontraban a la puerta del Juzgado, donde le esperaba su padre en una motocicleta.

Una hora después apareció José Ángel Prenda, vestido con pantalones cortos y un polo de rayas y permaneció apenas diez minutos en el Juzgado. A la salida se negó a responder a los medios y se limitó a realizar gestos despectivos hacia la prensa antes de marcharse en una motocicleta que le esperaba.

Pasadas las 11:30 llegó Ángel Boza con actitud tranquila y gesto serio, y tras diez minutos en el Juzgado expresó su deseo de no hacer declaraciones.

El siguiente fue el guardia civil Antonio Guerrero, que llegó a los Juzgados en coche a diferencia de sus otros compañeros, y apenas diez minutos más tarde llegó Jesús Escudero, que tampoco hizo declaraciones.

Los encausados tienen la obligación de comparecer todos los lunes, miércoles y viernes ante el juzgado de guardia de su residencia y cuantas veces fueren llamados por la Audiencia de Navarra, así como comunicar cualquier cambio de domicilio o teléfono.

Cabe recordar que, además de la fianza de 6.000 euros, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha dictado varias medidas cautelares para los cinco acusados.

En concreto, tendrán que designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en tales domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria.

También se fija para ellos la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial y la de no poder entrar en la Comunidad de Madrid, ni la comunicación con la víctima.

Mientras, la Fiscalía General del Estado se ha pronunciado respecto a las declaraciones del Gobierno de España que estudiaba personarse en defensa de las víctimas de delitos sexuales. Dicha tutela, como alegó la Fiscalía en un comunicado, ya "está garantizada por la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos en los que hay denuncia".