El Gobierno, dirigentes políticos y representantes de los partidos y de los sindicatos coincidieron ayer en manifestar su sorpresa e indignación por la libertad provisional para los integrantes de La Manada, y pidieron mayor formación sobre violencia de género y sexual, así como la reforma del Código Penal.

Esta ola de malestar llegó casi al mismo tiempo que los miembros de La Manada abandonaron "a toda velocidad" sus respectivas prisiones tras abonar la fianza impuesta, de 6.000 euros para cada uno.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, dijo que el Gobierno se hizo eco de la alarma social y de la preocupación de las mujeres, a las que "va a proteger", y subrayó que "los hechos probados son gravísimos".

Celaá explicó que el Ejecutivo está estudiando "cómo hacer" que los servicios jurídicos se personen como parte en defensa de las víctimas de delitos sexuales, aunque en el caso de la joven de La Manada ya no es posible.

Desde el PSOE, su vicesecretaria general, Adriana Lastra, defendió que "todos los operadores jurídicos necesitan formación en violencia de género y violencia sexual" y consideró que la libertad provisional es una "mala noticia política y jurídica".

Las reacciones del PP vinieron de parte de las dos candidatas a la presidencia del partido. Así, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, dijo que "como mujer" se siente "profundamente decepcionada y muy frustrada", y consideró que es el momento de abordar la reforma del Código Penal. La otra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió de que no se puede dar el mensaje de que un delito "tan grave" como el que han cometido los delincuentes de La Manada "sale barato".

De "mala noticia" calificó la resolución el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que aseguró que queda de manifiesto que "el Derecho no funciona".

Otra prueba bastante contundente del sentir mayoritario de la población fue la petición abierta en Change.org para pedir que los cinco miembros de La Manada sigan en prisión preventiva mientras el Tribunal Supremo resuelve recurso, que logró casi 600.000 de firmas en menos de 24 horas.

La decisión judicial motivó también la convocatoria de concentraciones en numerosas ciudades españolas como Madrid, donde las organizaciones feministas llamaron a movilizarse frente al Ministerio de Justicia. Una marea morada acudió alrededor de las 19.00 horas a la sede del departamento que dirige Dolores Delgado. Allí, las mujeres protestaron al grito de "no es abuso, es violación" y "tranquila, hermana, aquí está tu Manada", lemas habituales también en las movilizaciones que tuvieron lugar contra la sentencia de La Manada que absolvía a los jóvenes de un delito de agresión sexual.

Una concentración similar -de unas 500 personas- tuvo lugar ayer en las inmediaciones de la Plaza Weyler, en Santa Cruz de Tenerife. Bajo el lema "si la manada sale a la calle, nosotras también", la Plataforma Feminista 8M Tenerife y otros colectivos feministas convocaron una concentración para mostrar su apoyo a la víctima y el rechazo a la puesta en libertad de los cinco condenados por abuso sexual.

Ángela Martín, en representación del Foro Contra la Violencia de Género, señaló en declaraciones a los medios de comunicación que la decisión de los jueces no parece "lo más adecuado", especialmente teniendo en cuenta que una de las juezas que firmó esta semana la decisión dictaminó "hace poco" que los acusados debían continuar en prisión.

Perplejidad e indignación en el Gobierno de Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, confesó ayer que se siente "perplejo e indignado" ante la resolución de la Audiencia de Navarra que otorga la libertad provisional a los miembros de La Manada. "No conseguimos entender nada", señaló ante los medios de comunicación antes de subrayar que "la justicia es algo más que aplicar las leyes" y "tiene que pensar en personas".

El Ejecutivo navarro recurrirá la libertad provisional

El Gobierno de Navarra recurrirá la libertad provisional para los cinco miembros de La Manada condenados a nueve años de prisión al considerar que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. "Esperemos que no ocurra nada parecido a aquel fatídico 7 de julio ni en Pamplona ni en ninguna parte, pero el riesgo existe", dijo la consejera de Presidencia, Justicia e Interior, María José Beaumont.

Los jueces piden respeto por el auto

Portavoces de asociaciones profesionales de jueces y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías pidieron ayer respeto para los jueces que han decretado la libertad provisional.