Sociedad
ASESINATO DEL EMPRESARIO RAIMUNDO TOLEDO

La acusación popular pide 35 años de cárcel para los tres acusados

La Asociación Laxshmi solicita entre cuatro y cinco años más de privación de libertad que la Fiscalía para los procesados, según el escrito remitido al juzgado de instrucción.
P.F., S/C de Tenerife
2/may/18 6:13 AM
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El colectivo Laxshmi para la lucha contra el crimen y la prevención está personado en el caso del asesinato de Raimundo Toledo como acusación popular y, a través de la procuradora Irene Sánchez, ha presentado ya su escrito de calificación de hechos. En dicho documento solicita condenas de, al menos, 35 años de prisión para los tres acusados de secuestrar y acabar con la vida del empresario natural de Granadilla de Abona y vecino de Santa Cruz de Tenerife en diciembre del año 2015.

Esto significa que la petición de penas de privación de libertad para Sandra P., Alexander R. y Diego Claudio G.G. es entre cinco y seis años mayor de lo planteado por el Ministerio Público.

Laxshmi considera que los tres principales implicados deben cumplir seis años de cárcel por un delito de detención ilegal, 25 años por asesinato y un año y nueve meses por los daños provocados al quemar el coche del empresario. A esta petición, la acusación popular añade tres años más de prisión por el robo con violencia del automóvil para Sandra y Alexander, así como cuatro más para Diego Claudio G.G.

Respecto a la responsabilidad civil, el mencionado colectivo se adhiere a la petición formulada por parte de la Fiscalía, que consiste en una indemnización de 165.000 euros para la esposa de la víctima, 19.000 euros para cada uno de sus tres hijos, así como otros 15.510 euros para la empresa que dirigía Raimundo Toledo, que era la titular del Honda CRV, que fue quemado con el cuerpo del empresario en su interior en la ladera este de la Montaña de La Centinela, en San Miguel de Abona.

La acusación popular solicita la declaración como testigos de 27 personas diferentes, entre las que figuran la esposa y los tres hijos del empresario de origen sureño, así como del sobrino de Raimundo Toledo, que era pareja sentimental de la detenida cuando ocurrieron los hechos, y la madre de este último, según consta en el escrito al que ha tenido acceso EL DÍA.

Entre los ciudadanos a los que se pide que declaren en el juicio también está un agente de la Unipol de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Dicho funcionario llegó a mantener una conversación con Alexander R. y algunas palabras con Diego Claudio G.G. cuando ambos presuntamente estaban esperando a la víctima en la calle de la capital tinerfeña donde residía. Tras ser arrestados, dicho policía los identificó sin ningún género de dudas.

las claves

La acusación popular coincide con las indemnizaciones planteadas por el Ministerio Público para la esposa, los hijos y una de las empresas de Raimundo Toledo.

Un agente de la Unipol de Santa Cruz de Tenerife ejercerá como testigo durante el juicio, ya que habló con los acusados mientras supuestamente esperaban a Toledo.

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