El magistrado Juan Carlos González Ramos, portavoz territorial de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, recuerda que el Consejo de Europa también ha solicitado en varias ocasiones al Gobierno que adopte medidas para que en España exista más independencia judicial. González Ramos explica que desde dicho organismo internacional se ha pedido que, al menos, la mitad de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda ser elegida por los miembros de la carrera judicial.

El magistrado, adscrito a la Sección V de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, afirma que "se trata" de una sugerencia "del Consejo de Europa en el marco de un conjunto de recomendaciones de lucha contra la corrupción que ha efectuado a los estados". Y aclara que, con esa medida concreta, se busca reforzar "la independencia de los jueces".

González Ramos señala que "en España oímos a Europa cuando nos interesa".

Los diferentes colectivos judiciales también demandan que se suprima la previsión legal de que los parlamentos autonómicos puedan proponer una de cada tres plazas de los miembros de los tribunales superiores de Justicia, entre juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en esa comunidad autónoma. El magistrado advierte de que, precisamente, dichos órganos son los encargados de juzgar a las personas aforadas en cada región.

El portavoz de Francisco de Vitoria opina que el acceso a la carrera judicial debe efectuarse a través de los restantes mecanismos legalmente establecidos y ajenos al poder político.

Desde hace semanas, magistrados, jueces y fiscales celebran periódicamente paros para solicitar, entre otras cosas, más independencia, medios materiales, recursos humanos y recuperar el nivel de ingresos que perdieron en 2010. Y el 22 de mayo está previsto que desarrollen una jornada de huelga.

Para el magistrado González Ramos, la implantación de los Tribunales de Instancia sería un avance importantísimo en la reorganización de la carrera judicial y la redistribución de las cargas de trabajo. Lamenta que esa iniciativa se paralizó hace años y no se ha vuelto a retomar. Piensa que su implantación supondría una reducción de gastos considerable para la administración.

El magistrado está convencido de que "invertir en Justicia es hacerlo en la sociedad y en el sistema económico". En este apartado, recuerda el cambio sustancial que se produjo en el país a comienzos de los años ochenta con la reforma en la Hacienda Pública, que, con una adecuada inversión y modernización, permitió dotar al país de una administración eficaz, tanto para la gestión de impuestos como para la lucha contra el fraude. Estima que "en la Justicia esa reforma está pendiente".

Señala que un empresario o un trabajador que acuden a los tribunales lo que quieren es que su asunto se resuelva en un tiempo razonable. Refiere que, como ejemplo, si el dueño de una sociedad acude a la Justicia para cobrar una importante cantidad de dinero, el hecho de esperar uno, dos o tres años puede significar la desaparición de esa mercantil. Y aclara que detrás de esa empresa puede haber muchos trabajadores y sus familias.