Una persona ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org para pedir una investigación sobre los internos que han fallecido en el centro penitenciario Tenerife II y el cese inmediato de su directora, María José Martínez, que fue nombrada recientemente. En el escrito también se pide una renovación del equipo técnico, sobre todo de un psicólogo que trabaja en uno de los módulos.
Fuentes sindicales rechazan completamente la mayoría de las acusaciones que se realizan en la solicitud, ya que opinan que no se ajustan a la verdad, y aclaran que este asunto es sumamente complejo.
Por su parte, al subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz Guerra, no le constan que por la vía habitual se hayan recibido quejas fundadas sobre el funcionamiento de la cárcel tinerfeña.
En la citada plataforma digital, la persona impulsora de la iniciativa señala que existen muertes de internos sin que se den las explicaciones oportunas, así como informes sobre los presos "que no se ajustan a la realidad".
Cabe recordar que, en los últimos años, según ha trascendido en diferentes medios de comunicación, diversos fallecimientos de internos han estado vinculados a sobredosis o excesivo consumo de los fármacos que se les asigna.
En la demanda de apoyos se hace mención a un comportamiento arbitrario por parte de algunos funcionarios, como un psicólogo, una trabajadora social o una abogada.
En el texto se hace especial mención a lo que ocurre en el módulo 6 del centro penitenciario, el denominado "de respeto".
Además, se cita la existencia de internos con graves enfermedades que siguen cumpliendo condena, otros con graves problemas de salud mental o con una gran dependencia física para lavarse, ya que no se pueden valer por ellos mismos. La persona que solicita las firmas se pregunta si no existen centros especializados para el internamiento o atención adecuada a dichos presos.
Además, refiere que se tarda tres meses en remitir los informes solicitados por un juzgado, así como que se proponen permisos a los condenados a siete años de cárcel y los deniegan a aquellos que tienen una pena de tres.
Señala que los perjudicados por la actual situación son quienes están privados de libertad, sus familias y la sociedad.
Sindicalistas no comparten los descalificativos planteados por la solicitud en la plataforma digital
Fuentes sindicales consultadas por este periódico durante la jornada de ayer reconocen que algunos asuntos tratados en la petición en change.org son complejos. No obstante, aclaran que no comparten los descalificativos a los profesionales que trabajan en el centro penitenciario Tenerife II, "y, en concreto, a las personas que se nombran" en la referida solicitud. Desde uno de los sindicatos se señala que el trabajo que se desarrolla en las prisiones "no es fácil, se lo aseguro". Además, manifiestan que "sí pueden confirmar que el trato que reciben las personas que se hallan privadas de libertad, así como el de sus familiares, es muy bueno y cada funcionario, dentro de su ámbito, le pone todas las ganas e interés por hacer su labor lo mejor posible".