Ayer comenzaron en todo el país las movilizaciones de los jueces y fiscales para reclamar una mayor independencia profesional, solicitar la modernización de la Administración de Justicia para que tenga más calidad y eficacia, la existencia de más profesionales y unas adecuadas instalaciones, así como mejorar sus condiciones profesionales. En Santa Cruz de Tenerife, el portavoz territorial de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el magistrado Juan Carlos González Ramos, fue el encargado de hablar en nombre de sus compañeros y aseguró que "la Justicia es la gran olvidada de esta democracia" y que tanto el Gobierno como la clase política le "han dado la espalda", a la vez que han guardado silencio sobre sus reivindicaciones.

González Ramos apuntó que el hecho de que jueces y fiscales hayan decidido manifestarse demuestra "el nivel de hartazgo" al que han llegado. Este magistrado, destinado en la Sección V de la Audiencia Provincial, lamentó que las solicitudes de mejora se han ido reiterando ante diferentes gobiernos, pero "no han sido mínimamente atendidas" y, en ocasiones, se ha actuado "en contra" de las mismas.

González Ramos negó tajantemente que haya existido negociación entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y los representantes de jueces y fiscales. Aclaró que no es lo mismo tener reuniones que sentarse a negociar, pues en este último caso hay que escuchar las peticiones y plantear hasta dónde se pueden atender dichas demandas. Para el magistrado tinerfeño, por parte de la clase política ha existido "inoperancia" y "no podemos seguir trabajando en estas condiciones".

Comentó que "nuestros empleadores nos niegan el pan y la sal". Según Juan Carlos González Ramos, después de plantear quejas durante años y ante muchos ministros, "ha habido buenas palabras, pero pocos hechos". Además, se preguntó cuándo habrá un pacto para la administración de Justicia.

Según el magistrado, en la implantación de la nueva oficina judicial como experiencia piloto en Murcia se han detectado fallos importantes en el proceso de digitalización. Ante esa circunstancia, abogó por aplicar elementos correctores para que ese apartado funcione mejor. Defendió la necesidad de "invertir con cabeza y que cada euro sirva para tener una mejor Administración de Justicia".

El portavoz territorial de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria explicó que las reivindicaciones se dirigen al Gobierno del Estado, pero también a las Cortes Generales y al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Apuntó que todo lo que sea avanzar en lograr los objetivos planteados "será beneficioso para los ciudadanos". González Ramos manifestó ayer que, por desgracia, tras la última reforma aplicada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el CGPJ se ha quedado "desdibujado y con un sesgo presidencialista que poco nos representa".

Ayer, las encargadas de leer el manifiesto para exigir mejoras fueron la magistrada de la Audiencia Provincial María Álvarez y la fiscal Elena Cabrera. Esta última explicó que los miembros del Ministerio Público solicitan la derogación de los plazos máximos de instrucción, mientras no se dote de los medios necesarios; paralización de la implantación de la Justicia Digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de programas y equipos; reforzar la independencia del Ministerio Fiscal, así como dotarlo de autonomía presupuestaria.