Las leyes no sirven de nada si no se ponen en marcha. Las personas con movilidad reducida o discapacidad saben muy bien qué significa que una normativa no cambie la realidad. Mañana, 4 de diciembre, se cumplirá la prórroga que daba el real decreto 1/2013 para garantizar la accesibilidad de infraestructuras y servicios y poco ha cambiado. En la mayoría de los casos, las calles, las viviendas y los edificios públicos siguen siendo una carrera llena de obstáculos.

Los afectados, sin embargo, están lejos de rendirse. La batalla para que el mundo se diseñe para todos, no solo para una parte de la sociedad, continúa. Los colectivos de personas con discapacidad insisten en que se trata de un asunto de justicia y de derechos humanos, pero, además, que afecta a toda la sociedad.

"No debemos hablar de las personas con discapacidad como un elemento aislado, lo serás tú dentro de unos años", dice Antonio Rodríguez.

Y ese "tú" abarca a cualquier interlocutor que tenga todas sus facultades en condiciones.

Rodríguez sabe bien de lo que habla: está en silla de ruedas, pero además este ingeniero es experto en accesibilidad universal y supresión de barreras y trabaja en Adaptecnia, una consultora que entiende la accesibilidad como una premisa para el diseño de los espacios, tanto públicos como privados. "La sociedad te arropa como elemento diverso porque eso nos diferencia de las alimañas. Todos tenemos mucho que aportar. Cuando hablamos de discapacidad, pensamos en algo ajeno. Pero, ¿a que no se entendería que las pelirrojas no se subieran al transporte público? Pues eso es lo que le pasa a la gente en silla de ruedas", denuncia.

Cristina Sáenz-Marrero, una de sus compañeras, resalta otro aspecto. "Cualquier ventaja que está aplicada al medio, al entorno, a los servicios, para la gente con discapacidad, automáticamente es valorada por la comunidad". Ella no tiene problemas de movilidad propios, pero nota la falta de accesibilidad cuando, por ejemplo, sale con el carrito de su hijo. Es fundamental -precisa- que la accesibilidad no se vea como algo "ortopédico", porque es justo lo contrario. "La accesibilidad no tiene que notarse".

Arquitecta de profesión, también se queja de la falta de formación que existe, específicamente en las facultades. "En la carrera de Arquitectura la formación en accesibilidad es mínima y hay muy pocas universidades donde esa materia se incluya de forma transversal y obligatoria", apunta.

Es cierto que se avanza, pero el ritmo es muy lento. Ahora hay baños accesibles en muchos lugares públicos, pero a veces se usan para almacenar productos de limpieza o están cerrados y encontrar la llave es una odisea. "Hace dos años había que buscar al personal de seguridad para que te abriera. Yo no puedo usar tu baño, pero ¿puedes usar tú el mío? Claro. Y seguramente dirás: qué grande, qué cómodo. Pero no lo puedes usar como trastero".

Algo parecido ocurre con los pasillos de evacuación. Tienen que existir, pero no pueden convertirse en una yinkana porque dejan de cumplir su función.

Ambos defienden que la accesibilidad sea una premisa a la hora de construir. Si se tiene presente desde el principio, no hay sobrecoste. El problema existe cuando los cambios se hacen a posteriori.

"No me digas que debo ser consciente o sensible con este tema, dime que me va a beneficiar de alguna manera. Porque es así: es rentable, es más cómodo; implica calidad".

Esa consigna debería ser parte de una campaña de información. No tiene lógica -prosiguen- que haya tiendas que no sean accesibles -"dejan fuera al 30% de la población, que tiene poder adquisitivo, ¿eh?"- y hoteles en los que ir del aparcamiento a la habitación exija un recorrido alternativo por los sótanos de las instalaciones.

La ley, por fortuna o por necesidad, incorpora por primera vez un régimen. Las multas previstas van desde los 300 a los 30.000 euros. "Hemos hablado mucho del 4 de diciembre, pero ¿qué ocurrirá a partir del cinco?".

Los edificios siguen sin ser accesibles

Según un comunicado del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, el 77% de los edificios no ha eliminado las barreras arquitectónicas de acceso en sus edificios. Eso supone que, de un total de 9.814.785, solo el 23% son accesibles (2.257.400 edificios). De este porcentaje, el 2% de las fincas poseen un acceso desde la calle al portal que cumpla con los criterios de accesibilidad universal (196.295 edificios). El envejecimiento de las infraestructuras no ha ayudado: en España, la mayor parte de los edificios fueron construidos entre los años 1950 y 2001, en que se edificaron algo más del 70%, y solo un 12% son viviendas construidas a partir del año 2002. No obstante, los administradores de fincas colegiados valoran el aspecto económico y la incapacidad de las comunidades para acometer las obras como el factor más importante. De hecho, la mayor parte de las comunidades de propietarios han realizado las obras de accesibilidad con medios propios (alrededor del 78%), a la espera de recibir, posteriormente, el importe de las subvenciones correspondientes, porque estas solo se abonan una vez realizadas las obras.