El Tribunal de Cuentas pidió ayer en el Congreso medidas para corregir la dispersión normativa que entre administraciones existe en materia de Dependencia y que, según denunció, provoca deficiencias en la gestión del gasto público y desigualdades entre los beneficiarios de estas ayudas, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan.
El organismo quiere evitar así situaciones como las detectadas en los informes de fiscalización de la Ley de Dependencia correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, en los que más de 190.000 personas con derecho a recibir ayuda, estaban esperándola. Ambos documentos critican que esta situación se debe a la "falta de homogeneidad" entre los sistemas informáticos para la gestión de la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), gestionado por el IMSERSO.
La falta de homogeneidad acentúa las diferencias entre las autonomías
"Ello ha propiciado la deficiente actualización de la información en relación con el colectivo de beneficiarios, como la existencia de personas fallecidas, duplicidades y falta de homogeneización de datos entre comunidades autónomas", denunció Álvarez de Miranda, quien apuntó que esto, a su vez, ha ocasionado "incidencias de cálculo y liquidación de la aportación de la Administración General del Estado, tanto en concepto del nivel mínimo de protección como de la financiación adicional acordada".
A pesar de estas críticas, el presidente de Ttribunal reconoció mejoras, con respecto a las recomendaciones que el organismo propuso en el informe fiscalizador correspondiente a 2011. Así, los 190.503 dependientes que a día 31 de diciembre de 2013 estaban pendientes de recibir ayudas, es una "cifra elevada", pero menor que la de 2 años antes.