Diferentes colectivos de niños robados de varias comunidades autónomas mantuvieron el pasado martes, por primera vez, una reunión con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para trasladarle su preocupación por la falta de resolución de los miles de casos existentes durante décadas en todo el país. Según un informe emitido en el año 2009 por la Audiencia Nacional, la cifra de desapariciones infantiles forzadas asciende, al menos, a 30.000. No obstante, las asociaciones prefieren no entrar en las cantidades, sino simplemente demandan que se esclarezcan tales asuntos.

Una de las organizaciones presentes fue Sin Identidad de Tenerife y Las Palmas, gracias a su portavoz Francisco González de Tena, que calificó el acto de "muy protocolario".

González de Tena señaló que "nos interesaba que la tercera autoridad del Estado conociera la situación y le hicimos planteamientos muy concretos".

De Tena, sociólogo y autor de libros sobre la materia, planteó a Carlos Lesmes la necesidad de que en España se cree un grupo de trabajo sobre Derechos Humanos que recopile información y testimonios de las víctimas o familias de estas.

El portavoz del colectivo Sin Identidad recuerda la importancia de que exista una legislación que determine que los robos de niños o adopciones irregulares sean considerados "delitos imprescriptibles", es decir, que no prescriban. Precisamente, la no resolución de muchos casos se fundamentó por parte de algunos jueces en que los hechos delictivos "ya habían prescrito".

Según González de Tena, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial explicó que a quien corresponde impulsar dicha tipificación es al poder legislativo.

En la reunión estuvieron también la presidenta de Avidna, Ana Cueto; el presidente de SOS Raíces Adoptados, Enrique Vila; la portavoz de la Plataforma Camino de la Justicia, Paloma Pérez, y Lidia Acebo, presidenta del colectivo Abra.

Carlos Lesmes advirtió de lo difícil que resulta tratar este problema de una manera unificada desde el punto de vista judicial, ya que no existe jurisprudencia del Supremo y, además, hay resoluciones muy dispares de los jueces en diferentes lugares del país.

Además, según el sociólogo representante del colectivo Sin Identidad, por parte de algunos fiscales no se ha investigado "hasta las últimas consecuencias".

Francisco González de Tena recordó que los colectivos de víctimas deben afrontar unas gestiones largas, duras y difíciles para encontrar información que conduzca a los familiares de las víctimas. En ese apartado, recordó que por parte del Cabildo de Tenerife, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), se siguen poniendo muchas trabas para acceder a los archivos.