La representación legal de la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, y de la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, solicitó ayer en sede judicial que dejen de ser investigadas por "su presunta intervención" como "inductoras" o "partícipes necesarios" en una supuesta sustracción de los hijos de Juana Rivas, que devolvió los menores al padre, Francesco Arcuri, al considerar que no hay indicios contra ellas.
El despacho Aránguez Abogados, que se hizo cargo de la defensa de Granados y Sanz, informó a Europa Press de que planteó el "sobreseimiento parcial" del procedimiento a estas dos funcionarias del Ayuntamiento de Maracena debido a la "total ausencia de indicios" contra ellas. Asimismo, prevé que, "en los próximos días", el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga a Juana Rivas por supuestas sustracción de menores y desobediencia judicial, resuelva sobre esta cuestión.
Granados y Sanz se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez amparándose en el respeto al "secreto profesional", si bien negaron a preguntas de sus letrados haber participado en los hechos. Tras la comparecencia como investigados de los padres y los hermanos de Rivas ayer por presunta intervención en el supuesto delito de sustracción de menores del que se investiga a la mujer, quienes se acogieron a su derecho a no declarar, la magistrada finalizó la práctica de las diligencias de investigación. Los hijos de Rivas y Francesco Arcuri están ya en Italia con su padre después de que la madre acatara, el pasado lunes, la orden que en la vía penal había dictaminado la juez.