El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha acusado a España de incumplir sus obligaciones para asegurar un tratamiento de residuos "sin poner en peligro la salud humana ni dañar el medioambiente" en un total de 61 vertederos incontrolados e ilegales en varias regiones del país.

En su sentencia, el TUE considera que estos vertederos han funcionado "durante un largo periodo" de manera "incontrolada e ilegal", así como que los residuos vertidos "no han sido tratados de la manera adecuada para reducir los efectos negativos en el medioambiente".

Finalmente, el Ejecutivo comunitario denunció a España en 2015 ante la justicia europea por su "deficiente gestión" de residuos en Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.