Antonio Alarcó, senador y portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, explicó ayer en qué consiste la entrada en vigor desde agosto pasado de la Ley 26/2015, a través de la cual se modifica la protección a la infancia y adolescencia.
El texto legal recoge la creación de un registro, con una protección de datos exhaustiva, de todas las personas con condenas efectivas por pederastia. La prevención es la principal finalidad de esta medida. Por ese motivo, ninguna persona que tenga en su historial una condena efectiva por pederastia podrá ejercer un trabajo relacionado con la causa del delito. Esto significa que cualquiera que opte a ocupar un puesto en contacto con menores deberá certificar ante la empresa pública o privada a la que pretenda acceder un certificado que confirme que no se encuentra en ese registro.