La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, considera necesario acortar los plazos del actual procedimiento de denuncia de malos tratos con el fin de evitar que las mujeres lo interrumpan.

Hay que acortar los plazos del procedimiento y conseguir que la mujer se sienta asistida y apoyada por los profesionales que la atiendan, dijo en una entrevista, en la que manifestó la "absoluta consternación" del CGPJ por los casos de violencia machista que se han producido en los últimos días.

Y entre los profesionales que las asisten a lo largo del proceso ha citado a abogados, médicos forenses, asistentes sociales, jueces y funcionarios, entre otros. "Las mujeres renuncian al procedimiento porque es muy difícil, muy arduo y muy complicado", aseveró.

Las víctimas "tienen que estar informadas y protegidas desde el minuto uno", recalcó Carmona, quien reiteró que "la formación, la información, el apoyo y el seguimiento constante de la mujer es esencial para que continúe con el procedimiento".

A su juicio, hay que conseguir que la Policía, la Guardia Civil y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "hagan que la mujer se sienta protegida al cien por cien y no tenga miedo, vergüenza o sentimiento de culpa por denunciar un hecho que está considerado como un atentado contra los derechos humanos". Reconoció que los últimos asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas han hecho que en el Observatorio estén "absolutamente consternados", pero, aseguró, también les hace renovar su compromiso "y no bajar la guardia".

Carmona confía en que tanto la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia como las reformas del Código Penal o de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que amplia las competencias de los juzgados de violencia contra la mujer- "den su fruto en los próximos meses". "Tenemos la esperanza de que estas reformas, que entran en vigor entre julio y octubre, surtan efecto", insistió.

Explicó que desde 2009, año en el que el Observatorio comenzó a elaborar informes, excepto en 2014, cuando agosto fue el mes en el que se produjeron más asesinatos de mujeres, los meses con más víctimas mortales no coinciden ni están relacionados con el verano.

Si después de agosto de 2014 y de 2015, el próximo año vuelven a aumentar los asesinatos en ese mes tendrán que evaluar "si hay más en muertes en verano". "Sí hay más denuncias y más detenidos, pero no más asesinatos", recalcó.

Destacó la importancia de la Ley de Protección de la Infancia, que permite que cada vez que se tenga conocimiento de un caso de violencia de género "obligatoriamente" haya que cerciorarse de cómo están los menores en ese núcleo familiar y de si es necesario adoptar alguna medida de protección tanto de carácter penal como civil.

Ahora, añadió, los jueces de oficio pueden adoptar las medidas penales o civiles que consideren necesarias para la protección del menor porque los niños han pasado a ser considerados víctimas directas de la violencia de género.

"Se están produciendo unos asesinatos terribles de niños con el único objetivo de infligir el mayor dolor que se puede a una mujer, que es matar a sus hijos". Unas muertes que, recordó, se han producido, incluso, en los regímenes de visitas.