La Comisión Europea (CE) anunció ayer su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la persistencia de vertederos ilegales en varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias.
El Ejecutivo comunitario explica en un comunicado que, pese a sus advertencias, España no ha tomado las medidas necesarias para subsanar el problema de la insuficiente gestión a las que se someten los residuos en las comunidades de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Canarias.
Bruselas recuerda que según la normativa comunitaria en materia de residuos los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos, de forma que no pongan en peligro la salud humana ni el medio ambiente, y han de prohibir por tanto su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
La CE abrió el procedimiento contra España en marzo de 2007 tras haber detectado una serie de "vertederos ilegales" y emitió en octubre de 2008 un dictamen motivado, segundo paso de ese procedimiento comunitario de infracción. España se comprometió a cerrar y recuperar esas instalaciones antes de finales de 2011.
Ante la falta de progresos, la Comisión Europea emitió en septiembre de 2014 un dictamen motivado complementario por el que se instaba al país a dar el tratamiento adecuado a 63 vertederos incontrolados que, pese a no estar en funcionamiento, seguían constituyendo una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.
En vista de que a mediados de 2015 España continúa sin proyectar, aprobar o iniciar la mayor parte de las obras necesarias para la clausura, sellado y restauración de 61 de esos vertederos, el Ejecutivo comunitario ha decidido llevar a España ante el Tribunal de la UE con objeto de forzarla a acelerar el proceso.
En el caso de que el Tribunal de Justicia comunitario concluyera que las administraciones españolas persisten en la no aplicación de la normativa de la Unión Europea en esta materia, Bruselas podría poner en marcha un segundo procedimiento, destinado esta vez a imponer una multa a las autoridades nacionales.