El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, aseguró ayer que "si todos los grados que se pudiera pasaran a tres años, las familias ahorrarían 150 millones de euros", tras la aprobación en Consejo de Ministros del decreto que flexibiliza la duración de los estudios universitarios.

En la rueda de prensa posterior, explicó que el cálculo procede de suprimir el coste "adicional" que supone el cuarto año de grado en aquellos casos en que el ministerio estima que se puede pasar a titulaciones de tres años.

Según comentó, cuando se decidió implantar en España el modelo de grados universitarios de cuatro años y uno de máster, un organismo dependiente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas señaló que "podría optarse por una posición más flexible en la que existieran grados". "No está claro que todos los grados necesiten y deban tener una misma carga de créditos", aseguró el ministro.

Por otra parte, subrayó que el ahorro económico está sujeto a que la transformación de grados de cuatro años a grados de tres años se produzca efectivamente en las universidades. "En las universidades que no se produzca esa transformación no habrá ahorro", indicó.

Además, señaló que la nueva medida supondrá también un "ahorro de un año" al adelantar la llegada al mercado laboral de los graduados que realicen estudios universitarios de tres años y subrayó la mejora de la "transitabilidad" que, a su juicio, supondrá la implantación de los nuevos grados para que los estudiantes españoles puedan continuar sus estudios en otros países de Europa.

En tercer lugar considera que mejorará la "transitabilidad" de los estudiantes españoles de cara a elegir los estudios de posgrado que quieran realizar tanto en España como fuera de ella y favorecer la atracción de estudiantes extranjeros para cursar sus estudios en España.

Según explicó, el actual sistema "dificulta enormemente" esta transitabilidad y debido a que los estudiantes españoles hallaban "dificultades" para acceder a los estudios de doctorado fuera de España "allá donde no se les reconocía como título de máster para acceder a doctorado los másters de 60 créditos", por lo que tenían que perder un año en realizar una "compleción del máster". En el caso contrario, el de los extranjeros que acudían a estudiar un posgrado en España, en los casos en que estos hubieran cursado carreras de tres años "no se les reconocía ese grado y se les impedía el acceso a los estudios de máster", indicó.

Wert destacó así la convergencia que supone el nuevo sistema en comparación con la "rigidez" que, a su juicio, imponía el anterior pese a la "horquilla" que permitía el sistema de Bolonia y recordó que la flexibilización es el modelo de la mayoría de los países europeos del entorno.

"Solamente ocho países tienen un sistema como el que tiene España: Chipre, Turquía, Armenia, Georgia, Grecia, Kazajstán, Rusia y Ucrania. No son los principales sistemas universitarios", declaró en defensa del nuevo sistema.

Los sindicatos de la ULL también protestan

La representación sindical de la Universidad de La Laguna (ULL) se sumó a la concentración que las organizaciones laborales de ámbito nacional convocaron ayer en todos los rectorados de las instituciones académicas públicas españolas para protestar contra la implantación por parte del Ministerio de Educación de una nueva estructura de la enseñanza superior: la denominada "3+2", que reduciría en un año la duración de los actuales títulos de grado y aumentaría en otro la de los másteres oficiales.

Los representantes sindicales de la ULL, encabezados por el presidente de la Junta del Personal Docente e Investigador, Vicente Hernández, y el presidente de la Junta de Personal de Administración y Servicios Funcionario, Alberto Marín, leyeron el mismo manifiesto que se presentó ayer a todos los rectores de las universidades españolas, el cual fue consensuado por CCOO, UGT, CSIF, Coalición Intersindical Galega y, en la ULL, Intersindical Canaria y Asamblea de Profesorado.

El rector Eduardo Doménech recogió este manifiesto que sirve como apoyo a las demandas que la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) realizará la semana que viene al ministro en una reunión que se celebrará para discutir esta reforma. Tanto él como los sindicatos lamentaron que esta reforma se haya impuesto sin haber evaluado los resultados de las titulaciones de cuatro años de la reforma previa.

El manifiesto denuncia que el gobierno estatal aprueba una norma "sin debate con la comunidad universitaria, sin debate político y social" y "sin una justificación creíble de sus propuestas". Considera que el objetivo del ejecutivo es "convertir las universidades en empresas de servicios educativos. (...) ocasionará una disminución significativa de estudiantes universitarios (...) y reducirá en un 25% los títulos de grado, empeorando la calidad docente y abriendo puertas a nuevos recortes de profesorado". Provocará, según el texto, "una reconversión del sector que beneficiará a las universidades privadas".