Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán en fechas próximas la cuantía del fondo extraordinario creado para luchar contra la pobreza infantil y que destinarán, principalmente, a sufragar alimentación, ropa, productos de aseo, medicamentos e incluso el alquiler de la vivienda.
El documento, que hoy analizarán las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud, y al que ha tenido acceso Efe, detalla la cuantía destinada a cada región, así como los requisitos y criterios que deben reunir los proyectos.
El fondo está dotado con 17 millones de euros de los que 1,4 millones de destinarán, exclusivamente, a la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, del que Andalucía recibe la mayor parte (360.641,64 euros) seguida de la Comunidad de Madrid (190.590,74) y de Valencia (151.238,49 euros).
En cuanto al reparto del resto de fondo (16 millones de euros) las ciudades de Ceuta y Melilla son las que recibirán más cantidad, con 1,30 y 1,27 millones cada una, seguidas de Canarias (1,23 millones), Andalucía (1,20 millones) y Extremadura (1,16 millones), mientras que el País Vasco y Navarra han quedado fuera del reparto.
La distribución del fondo se ha realizado aplicando el indicador Arope (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea. Además del riesgo de pobreza, este indicador tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.
El documento elaborado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad establece que el crédito se destinará a financiar las prestaciones económicas de urgencia social para la lucha contra la pobreza infantil de familias con menores a su cargo, tal y como prevé el Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016.
Por ello, los proyectos presentados por las comunidades tendrán que cumplir varios requisitos como la obligación de hacer un seguimiento y que los servicios sociales autonómicos certifiquen, en un plazo aproximado cuatro meses, cuál ha sido el destino de los fondos y su resultado.