La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape) ha manifestado su "más firme compromiso con la defensa de la libertad de prensa" y entiende "que la mejor forma de fortalecerla es con el ejercicio responsable del periodismo por los periodistas y los editores, basado en el estricto cumplimiento de las normas éticas y deontológicas y en valores como la integridad y el rigor profesional".

Con motivo del Día Mundial de la libertad de Prensa, la Fape ha lamentado la pérdida de unos 11.000 empleos de profesionales, el cierre de decenas de medios, el aumento del intrusismo, la precariedad laboral generalizada y el acoso "de todo tipo de poderes" que han ido en aumento en los últimos seis años.

Ante esta situación, en representación de 48 asociaciones de periodistas y de las 15 organizaciones vinculadas, y bajo el lema "Sin periodistas, no hay periodismo y sin periodismo, no hay democracia", la Fape ha publicado un manifiesto en el que destaca su más firme compromiso con la defensa de la libertad de prensa, a la que consideran "un pilar fundamental de la democracia y elemento imprescindible de la convivencia, el diálogo y el debate cívico".

En él, la Fape ha destacado que "la libertad de prensa es un valor supremo de las democracias que ha de conjugarse con otros derechos individuales" como la libertad de expresión, que se debilita cuando el periodismo se convierte en "una fuente de manipulación, de sensacionalismo, de promoción de odios y prejuicios y de defensa de intereses espurios" y ha recordado que "sea en el soporte que sea, el periodismo debe ante todo lealtad a los ciudadanos y a su derecho a la información".

Entre las restricciones que sufren los periodistas, la Fape ha destacado las ruedas de prensa sin preguntas, los contenidos enlatados elaborados por los partidos, los bloques electorales y las iniciativas de distintas instituciones de limitar el derecho de información, además de la presión que resisten cada día periodistas por parte de determinados editores o de medios de carácter público.

También han denunciado la reducción de periodistas en las redacciones, las rebajas salariales y la sustitución de periodistas experimentados por becarios y contratados a los que se paga salarios "indignos". Para la Fape, todo esto ha causado una considerable bajada en la calidad de los contenidos de los medios de comunicación y ha obligado a reinventarse a cientos de periodistas despedidos de sus empleos, convertidos ahora en emprendedores y en responsables de sus propias empresas periodísticas.

Como dato positivo para la profesión y los ciudadanos, han señalado el surgimiento de nuevos medios hechos por estos profesionales del periodismo, ya que suponen un aumento de la información y de la pluralidad pese a sus "difíciles inicios".

Otras restricciones señaladas por la Fape son las normas penales "desproporcionadas" contra quienes informa sobre actividades supuestamente ilícitas de autoridades públicas, la cesión total de los derechos de autor exigidos en algunos trabajos, el posible uso de las licencias de radio y televisión y concesiones de publicidad institucional para castigar o premiar a medios por su línea editorial o los juicios paralelos, la compra de testimonios y la anulación de la presunción de inocencia.