Más de ocho millones de escolares, previsiblemente, estudiarán en las enseñanzas generales españolas no universitarias este curso, en el que habrá reajustes organizativos y de plantillas debido a menos gasto y profesorado funcionario, y más carga lectiva docente y alumnado por aula según decida cada comunidad.

El presidente de la organización de padres de alumnos CEAPA, Jesús Sánchez, anuncia un comienzo "bastante complicado" en la escuela pública, pues esas medidas "perjudicarán" la calidad educativa, con "agravios" entre comunidades, aparte de la "incertidumbre" sobre convocatorias autonómicas de ayudas de libros de texto y de comedor escolar.

El "caos" marcará el inicio escolar, añadido a la difícil situación económica, augura el sindicato CCOO, que denuncia un "ataque sin precedentes" a la educación pública y la igualdad de oportunidades.

El vicepresidente de los padres de COFAPA, José Manuel Prats, explica que, con la crisis, se da una "migración" de alumnos de la escuela privada a la concertada y de esta a la pública, pues muchas familias deben replantearse el pago de cuotas, negociarlas con el colegio o pedir plaza en otro tipo de centros.

Defiende que la calidad depende más de un profesorado preparado que del número de alumnos en el aula, aunque esto influye también en que reciban mejor atención educativa.

El Ministerio de Educación mantiene los programas de cooperación territorial que combaten el fracaso y abandono escolares y que fomentan el aprendizaje de idiomas, pero ha suprimido otros por "inviables" financieramente o, como Educa3 (de escolarización temprana), porque están "básicamente finalizados".

También este curso se estudiará un nuevo temario de Educación para la Ciudadanía o se exigirá una nota previa de 5,5 (antes un 5) para obtener una beca-salario en bachillerato y FP superior.

Aparte de las reducciones presupuestarias estatales y autonómicas, el Gobierno central aprobó en abril un decreto-ley de "mecanismos de flexibilidad" en la enseñanza para que las autonomías, según consideren, puedan ahorrar, aunque sin perjudicar la calidad, según el Ministerio de Educación.

Entre las medidas, el tope de alumnos por aula en educación pública y concertada se incrementa un 20% de forma "coyuntural". Hasta ahora, eran 25 como máximo en primaria y 30 en secundaria obligatoria. El profesorado de infantil y primaria impartirá temporalmente al menos 25 horas de clase a la semana y 20 en las demás enseñanzas (varias comunidades ya lo aplicaban).

Las consejerías implantarán las medidas de manera dispar porque Castilla-La Mancha, por ejemplo, sube el máximo de alumnos hasta 30 en infantil y primaria, 36 en ESO y 40 en bachillerato. Cataluña anunció en junio el cierre de un centenar largo de aulas por el aumento de alumnos por clase y el descenso demográfico.