Las dos únicas clínicas que atienden la demanda de aborto en la comunidad dejan de prestar desde hoy el servicio público de interrupción del embarazo por la deuda que mantiene el Gobierno de Aragón por esta prestación.

Según informa la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, en una nota de prensa, el Departamento de Salud aragonés adeuda a estos dos centros, las clínicas Actur y Almozara de Zaragoza, más de 800.000 euros que además no figuran en los presupuestos para 2012.

ACAI asegura que desde que se comenzó a aplicar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, estos dos centros han intentado que la norma se aplicase con normalidad en el territorio.

A pesar de haber estado dispuestas a encontrar una salida económica viable que no perjudique a las usuarias y que garantice a las mujeres su derecho a la prestación, la Administración autonómica, denuncian, "no ha sido capaz en 1 año y 9 meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en el territorio aragonés".

Ante esta situación, el pasado 15 de marzo las clínicas Actur y Almozara comunicaron a la Administración, mediante documento formalizado en el Registro del Servicio Aragonés de Salud, la suspensión parcial de los acuerdos contractuales.

Vencido el plazo de 30 días para que la Administración resolviera, los centros retrasaron su decisión para procurar una salida negociada y no perjudicar a las mujeres que utilizan sus servicios.

Sin embargo, aseguran que a día de hoy resulta "insostenible" para los centros mantener la gratuidad de la prestación, pues se verían abocados a un "cierre inevitable".

Salvo que la Administración ofrezca una solución que los centros consideran posible y viable, las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo, toda vez que concluya el periodo preceptivo y obligatorio de reflexión que establece la Ley.

Los centros por su parte informarán a las mujeres de su derecho a la gratuidad de la prestación y les facilitarán toda la documentación que pudieran precisar para reclamar el pago de la intervención a la Administración aragonesa.

En un esfuerzo por atender las interrupciones más costosas y complejas para la mujer, los centros seguirán atendiendo con cargo al Servicio Aragonés de Salud, si éste lo acepta, todas las interrupciones que respondan al supuesto de patología fetal.

ACAI recuerda a la Administración Aragonesa que la Ley obliga a todos los Gobiernos autonómicos a facilitar el servicio y a garantizar la calidad y la gratuidad de la prestación a todas las mujeres que lo soliciten dentro del territorio.