La sala del Tribunal Supremo (TS) que juzga a Baltasar Garzón por ordenar las escuchas del "caso Gürtel" ha suspendido el juicio hasta las 17:00 horas, cuando declarará el juez, después de que se hayan admitido algunas de las pruebas que este había solicitado.

Tras más de una hora de receso, el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, ha anunciado que la sala citará a declarar mañana por la mañana a un funcionario del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Vicente Maroto, como pedía Garzón.

El tribunal también permitirá que se escuchen "a puerta cerrada" las grabaciones entre los imputados del "caso Gürtel" y sus abogados que se consideren procedentes, siempre que se justifique su interés para la causa y no hayan sido ya excluidas porque afecten a la confidencialidad o al derecho de defensa.

Estas han sido las dos únicas peticiones de la defensa que ha admitido la sala, ya que ha rechazado la recusación de los magistrados Manuel Marchena y Luciano Varela por ser una cuestión ya resuelta y ha optado por no entrar en la reclamación de Garzón de poder recurrir ante la Sala del 61 del TS una hipotética condena.

En este caso, Giménez ha explicado que el hecho de que los aforados no tengan acceso a una segunda instancia penal "es una previsión legal que no es renunciable", ya que es lo previsto por el Poder Legislativo y por tanto, "guste o no guste", el Supremo no puede intervenir en las decisiones del Parlamento.

También se ha rechazado la solicitud de la defensa de incorporar al juicio el auto del juez instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que prorrogó las escuchas, ya que ha recordado Giménez que ya consta en el proceso a petición del fiscal.

El abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, había planteado la recusación de Varela y Marchena, ya rechazada anteriormente, por ser los instructores de las otras dos causas que el juez tiene abiertas en el TS, la posibilidad de poder recurrir ante la Sala del 61 una hipotética condena y que se incorporen al juicio las conversaciones grabadas en la cárcel de Soto del Real.

Unas peticiones que habían sido rechazadas por las acusaciones, que piden entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales.

La Fiscalía, pese a que no acusa y pide la absolución del magistrado, también se ha opuesto a incorporar estas pruebas, aunque ha apoyado que en el caso de que se admitiera la audición de las grabaciones tuviera lugar a puerta cerrada, al igual que han pedido los abogados de la acusación.

Tras la decisión del tribunal, esta tarde se retomará el juicio con el interrogatorio de Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010.