El Tribunal Constitucional (TC) levantó ayer la suspensión de la Ley gallega sobre racionalización del gasto en la prestación farmacéutica y su catálogo priorizado de medicamentos, informó ayer el Alto Tribunal.

El Pleno del Tribunal acordó levantar la suspensión de los artículos 1 a 4 de las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley y, asimismo, del acuerdo del Consello de la Xunta por el que se aprobaba el catálogo, publicado el 30 de diciembre de 2010, así como de las actuaciones determinantes de su aprobación y del propio catálogo.

El pasado 4 de marzo el Consejo de Ministros había decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la norma gallega, por considerar que todos los medicamentos debían ser subvencionados por igual para dejar a juicio del profesional médico la prescripción del más adecuado para cada paciente, frente a la intención gallega de sufragar solo aquellos que tuvieran mejor relación calidad - precio, enumerándolos en un catálogo al que se tendrían que ceñir los facultativos.

Al ser el Ejecutivo quien había promovido el recurso, el catálogo de medicamentos, había quedado cautelarmente suspendido hasta la resolución del conflicto.

En la resolución del alto tribunal conocida en el día de ayer, se estima que no ha lugar a la suspensión del catálogo y se levanta también la referida al acuerdo de la Xunta de 30 de diciembre por el que se establecía la lista de 34 genéricos, cuya prescripción prioritaria se inició el 3 de enero, tras su aprobación por el Parlamento con el apoyo del PPdeG y el BNG.

El día en que el Gobierno gallego aprobó esta iniciativa, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, había cifrado en unos 100 millones de euros el ahorro que pretendía el Ejecutivo sobre un gasto anual en fármacos de 1.200 millones por parte del sistema público gallego.

Sin embargo, el catálogo fue suspendido cautelarmente el 4 de marzo, tras la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno, que consideraba que la Xunta había invadido sus competencias.

Un día antes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había denegado esa suspensión cautelar, en respuesta a un recurso presentado por la Federación de Farmacias de Galicia.

En el momento de la suspensión, la Xunta estimó que ya había ahorrado 11 millones de euros, un ahorro que pretendía reinvertir en el sistema sanitario público.

La titular de Sanidad, Pilar Farjas consideró entonces que la decisión de suspender el catálogo atentaba contra los gallegos, sus instituciones, sus representantes políticos y la voluntad de pacientes y médicos.

Por su parte, la secretaria de bienestar social del Partido Socialista (PSOE), Marisol Pérez, expresó su satisfacción y criticó al Partido Popular (PP) por generar desigualdades en las Comunidades donde gobiernan, mientras que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) consideró que la decisión del TC de suspender el catálogo atentaba a los derechos de los pacientes y la patronal Farmaindustria expresó su satisfacción por la decisión que ahora se revoca.