La llegada de inmigrantes ilegales a las costas de España descendió un 50 por ciento en el último año y más de un 80 por ciento en una década, informó ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la presentación del balance de inmigración. Según datos del ministerio, en el último año llegaron a España de forma ilegal y por mar 3.632 personas, frente a las 7.285 del año anterior.

"Han llegado menos embarcaciones y las que llegan son más pequeñas", precisó Rubalcaba, quien felicitó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y agradeció la colaboración de los países de la costa africana.

Las llegadas por mar descendieron especialmente en Canarias, donde en 2009 llegaron 2.246 personas y en 2010 sólo 196, lo que supone un descenso del 91,3 por ciento y unos niveles similares a los de 1997, "cuando nadie sabía qué era un cayuco", dijo.

Rubalcaba subrayó que en 2010 "no llegó ni un solo cayuco desde Senegal", un país desde el que procedía la inmensa mayoría de los 31.678 que arribaron de manera ilegal a las costas canarias en 2006.

"El 2010 ha sido el mejor año de la década", subrayó Rubalcaba, quien consideró que "el esfuerzo ha merecido la pena, pero no podemos bajar la guardia".

En cuanto al Mediterráneo, el ministro elogió la colaboración con Marruecos y Argelia, que resultó en un descenso del 31,8 por ciento en la llegada de ilegales a la península y Baleares. De los 5.039 de 2009 a los 3.436 de 2010.

También por otras vías

Las registradas por carreteras y aeropuertos también descendió en el último año. Así, se denegó la entrada a 9.453 personas en puestos fronterizos frente a las 12.226 que fueron rechazadas el año pasado; se repatrió a 1.959 frente a los 5.099 de 2009, y se expulsó a 11.454 inmigrantes ilegales, cuando el año anterior fueron 13.278 personas.

Además, se "devolvió", principalmente a Francia y Portugal, a 11.450 personas que intentaron entrar en España por puestos no habilitados como fronteras, cuando en 2009 esta cifra fue de 13.278.

En cuanto a las expulsiones, Rubalcaba explicó que la gran mayoría de ellas (8.196, lo que supone el 71 por ciento) fueron "expulsiones cualificadas", es decir, personas que no sólo estaban en España de manera ilegal sino que tenían "relación con la delincuencia". El resto serían personas que residían de manera ilegal en España y que fueron identificadas en el transcurso de otro tipo de operación policial, como operaciones antiterroristas, de control de tráfico o alcoholemia y al carecer de identificación fueron llevadas a comisaría.

"Redadas no hay porque las prohíbe la Constitución, pero esa es la Ley y debemos cumplirla, y si a alguien no le gusta, que vaya al Parlamento y la cambie", subrayó el ministro, quien también destacó que la decisión de potenciar las "expulsiones cualificadas" no sólo sirve para cumplir la Ley de Extranjería, sino para "mejorar la seguridad".