El consejero de Cooperación Institucional de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, aseguró hoy que, si el Gobierno no concede asilo político a los saharauis que lo han solicitado en Fuerteventura, vulneraría la legislación y entregaría a éstos "a sus verdugos", lo que sería una "atrocidad".
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, reveló el viernes que 20, de los 26 saharauis que llegaron el pasado miércoles en lancha neumática a Fuerteventura, han pedido asilo político, y agregó que las solicitudes se tramitaran "de acuerdo a la ley".
Ramírez, en declaraciones a EFE, indicó que son entre 20 y 25 los saharauis que han solicitado asilo político, "todos los mayores de edad", porque los seis menores que arribaron no pueden ser deportados hasta que cumplan la mayoría de edad.
Ramírez, que también es presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui (Feddssah) recordó que el tema de fondo es que en los territorios ocupados del Sáhara Occidental hay un sistema de represión de los derechos humanos por parte del Gobierno de Marruecos, una "represión muy dura que ha generado un clímax de terror", que ha sido denunciada incluso por prestigiosas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) o Human rights, y por el Parlamento Europeo.
Este hecho junto a la persecución que está ejerciendo Marruecos sobre el pueblo saharaui, sobre todo contra la población más joven, hace que "los saharauis intenten escapar como pueda y como sea" de esos territorios.
Ramírez subrayó que en estos momentos hay más de 150 saharauis encarcelados que están siendo sometidos a torturas, y hay un gran número de personas de esta nacionalidad que se encuentran en paradero desconocido, no se sabe si están encarceladas, "vivas o muertas".
Por estos motivos, "si el Gobierno central expulsa a los saharauis que han llegado en lanchas a las costas canarias sería cómo entregarlos al ejército marroquí, que los encarcelarán y los torturarán, con el riesgo incluso de que puedan ser asesinados, o condenados a penas de muertes, en juicios que "no respetan todas las garantías" como han denunciado los observadores internacionales.
También, resaltó Ramírez, hay que tener en cuenta a otros saharauis que han abandonado los territorios ocupados y que han llegado otros lugares, como Canarias, en avión o en barco y que se encuentran indocumentados porque su documentación se perdió en el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik.
El consejero del Cabildo grancanario reincidió en que el Gobierno de España otorgue el asilo a estos saharauis y pidió a la comunidad internacional, sobre todos la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Europea, que exijan a Marruecos que cese la violación de los derechos humanos y que se apruebe el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, que es el origen del conflicto y que se lleva solicitando ya 35 años.
"El Gobierno de Marruecos está violando los derechos humanos, es una realidad lo reconozca o no el Gobierno de España", opinó el también consejero de Cooperación Internacional del Cabildo de Gran Canaria.
Por ello, concluyó, el Gobierno Estatal ha de aplicar la ley, y si hay una violación de los derechos humanos, "independientemente de los intereses que dice que tiene España en Marruecos", está obligada a cumplir con la legislación, y en este sentido a otorgar el derecho de asilo.