La Junta de Castilla-La Mancha advirtió ayer de que renunciará a aplicar la Ley de la Dependencia y que "devolverá" sus competencias al Gobierno central si no recibe una mayor dotación económica para aplicarla.
El consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, se mostró "dolido" por las críticas que está recibiendo Castilla-La Mancha por su endeudamiento, que lo hace, precisamente, "para cumplir la ley" (de la Dependencia), que en 2010 le supuso un coste adicional de 200 millones de euros a la Junta.
A su juicio, habría que "revisar la dotación del fondo de suficiencia" para los servicios esenciales, que tendría que ser mayor para que la transferencia cubriera los "gastos reales" de la Ley de Dependencia.
"Si no recibimos la financiación suficiente para hacer frente a nuestras obligaciones y tampoco podemos renegociar esa financiación y la ley nos obliga a cumplirla, entonces tendremos que devolver la competencia", apuntó.