Casi 60 años después de operar el primer reactor comercial del mundo, el Reino Unido se dispone a liderar una nueva era nuclear con un doble objetivo, reducir sus emisiones de CO2 y su dependencia energética, que le llevará a contar con nuevas centrales en 2018.

En un plan de nuevas centrales en el que la inversión privada parte como protagonista, el Gobierno británico ha presentado esta semana un borrador de reforma del mercado eléctrico con un mecanismo para garantizar el precio de la producción con bajas emisiones de dióxido de carbono (CO2), donde entran las nucleares.

Para ello, se quiere fijar un valor mínimo para la tonelada de CO2, lo que encarecerá la generación de los combustibles de origen fósil y hará más atractiva la electricidad con menos emisiones.

Según explicó en un encuentro con medios españoles el responsable de nuevos proyectos nucleares del Departamento de Energía y Cambio Climático del Gobierno británico, Hergen Haye, "la misión del sector privado será construir, operar y desmantelar las nuevas plantas" y la del Ejecutivo "asegurar la seguridad, los objetivos ambientales y que las inversiones sean rentables".

Así, aunque sin subsidios públicos directos, las empresas ven por ahora en los pasos del Gobierno la estabilidad para plantearse unas inversiones que rondan los 4.000 millones de euros por cada nueva central que funcionará, como mínimo, 60 años.

Una estabilidad que también subraya el presidente de la Nuclear Industry Association (NIA), Martin O''Neill, para quién la apuesta del país por esta energía es algo "irreversible".

Desde 1956, la energía nuclear cubre alrededor de un tercio de la electricidad del país pero todos los reactores actuales, menos uno, deben cerrar antes de 2035.

Tras 20 años sin plantearse la construcción de nuevos reactores, Tony Blair anunció en 2003 que su gobierno estaba "reconsiderando" la posibilidad de volver a apostar por las nucleares.

En enero de 2008, el Gobierno laborista anunció que las nucleares estarían en el futuro mix energético, sin ayudas públicas y asumiendo la gestión temporal de sus residuos, pero con un marco legal que garantizaría la rentabilidad de sus inversiones.

Actualmente, ya están aprobadas 8 ubicaciones en Inglaterra y Gales, todas en lugares donde ya existen otras plantas, y el Gobierno de coalición de David Cameron trabaja para avanzar en el plan previsto.

Si todos los plazos se cumplen, las nuevas centrales previstas, que sumarán 16.000 megavatios (MW), entrarían en funcionamiento entre 2018 y 2025 y contribuirían, junto a un fuerte aumento de renovables, a cumplir con el objetivo de reducir un 80% sus emisiones de CO2 -respecto a los niveles de 1990- en 2050.

El inicio de la construcción de los primeros grupos nucleares, prevista para 2014, precisa aún de la aprobación de varias normativas y de una consulta pública previa con los vecinos y grupos ecologistas, como Greenpeace, contrarios a la nueva política nuclear por el problema de los residuos y al considerar que frena las renovables.

Pero al calor de los nuevos planes nucleares han acudido ya grandes empresas eléctricas que han adquirido los derechos para algunos emplazamientos.

Entre ellas, está Iberdrola que, en consorcio con GDF Suez y Southern Energy, ha comprado los terrenos donde se podrá construir una de las nuevas centrales nucleares, la de Sellafield.

Para el director nuclear del consorcio y directivo de Iberdrola, Alfio Vidal, el Gobierno británico está haciendo un "gran esfuerzo" para impulsar las inversiones y con un amplio consenso político.

Una apuesta y un consenso político en materia energética que echa en falta la presidenta del Foro Nuclear, María Teresa Domínguez.

"Reino Unido es un país que mira hacía delante mientras nosotros estamos estancados", apuntó Domínguez en un encuentro con medios españoles organizado por el Foro Nuclear.