Las quejas ante el Defensor del Pueblo en materia de inmigración aumentaron un 30 por ciento en 2010, sobre todo por presuntos casos de trata de personas, en relación con la determinación de la edad de los menores no acompañados y diversos asuntos de documentación.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, la institución destaca que se han iniciado este año cerca de 2.000 expedientes en materia de extranjería, que han generado sugerencias y recomendaciones aceptadas, en muchos casos, por las administraciones competentes en beneficio de la población.

La oficina del Defensor, cuya titular en funciones es María Luisa Cava de Llano, explica que, ante el incremento de presuntos casos de trata, la institución ha comenzado a trabajar en un informe sobre este asunto y reconoce su preocupación por la situación de las menores extranjeras no acompañadas.

El Defensor destaca que cada vez son más frecuentes las quejas enviadas por ciudadanos españoles sobre situaciones que afectan a personas extranjeras.

Explica que cada vez hay más españoles con estrechos lazos con personas extranjeras gracias a matrimonios, parejas de hecho, menores españoles de padres extranjeros o incluso empleadores o empresarios para los que la presencia de personas extranjeras es imprescindible.

Entre estos casos, menciona el de una mujer, madre de un menor español, que iba a ser expulsada pese a que estaba en juego el interés superior del menor y reunía las condiciones que hacían aconsejable la residencia por circunstancias excepcionales.

Autorizaciones de residencia, problemas para conseguir la reagrupación, visados por motivos excepcionales, fallos en el Registro Central de Extranjeros y presuntos matrimonios de conveniencia son otros de los asuntos más recurrentes de las quejas en esta materia.

También son frecuentes las quejas referidas a actuaciones de diversos consulados que, a pesar de la existencia del registro del matrimonios entre ciudadanos nacionales y extranjeros, deniegan el visado al cónyuge extranjero impidiendo el desplazamiento de éste a España al considerar que puede tratarse de matrimonios de conveniencia por motivos migratorios o económicos.

Ante estos casos, el defensor ha sugerido a diversos consulados que doten de visado a los cónyuges extranjeros, salvo que no haya duda de que ese matrimonio ha sido disuelto, aunque la respuesta consular "no suele ser muy positiva".

Los problemas a la hora de obtener reagrupaciones familiares también han sido una constante en las quejas recibidas; entre otras situaciones señala que las dilaciones en la tramitación del procedimiento por los consulados han ocasionado que hijos de ciudadanos con residencia permanente que eran menores al finalizar el expediente sean ya mayores y esto dificulte su reagrupación.

La institución sugiere que tomen como edad de referencia la que tenía el afectado cuando se presentó la solicitud de autorización de residencia.

El Defensor también ha intervenido ante situaciones de rechazo en frontera a menores con nacionalidad española que viajaban acompañados de uno de sus padres -cuando éstos carecían de permiso de residencia- e insiste en que la Policía tiene la obligación de intentar localizar al progenitor que se encuentra en territorio nacional para que pueda hacerse cargo del niño.

Cuando esto no es posible, la Defensoría ha recordado a las autoridades que nada impide legalmente la entrada del menor y la de su padre o madre para que se cumpla el derecho fundamental del niño español a residir en España.

La institución ha subsanado fallos burocráticos que han ocasionado que personas inscritas en el Registro Central de Extranjeros desde al menos cinco años, plazo que establece la legislación vigente para dotarles de residencia permanente, no hayan obtenido este permiso.