La crisis está provocando un brote de intolerancia hacia el colectivo gitano y un aumento de los casos de discriminación, sobre todo en el acceso a la vivienda, según el último informe realizado por la Fundación Secretariado Gitano.

El estudio "Discriminación y Comunidad Gitana" analiza 131 casos recogidos en 2009, veinte más que en el año anterior, de los que un tercio se produjeron en el ámbito de los medios de comunicación y foros de opinión, dieciséis en asuntos de vivienda, quince en el acceso a bienes y servicios y catorce vinculados al empleo.

El resto se refieren a casos de discriminación ocurridos en manifestaciones, colegios, comisarías de policía, ámbito sanitario, entre otros.

La discriminación afecta por igual a hombres y mujeres de etnia gitana, pero mientras que en las mujeres se extiende a lo largo de su vida, en los hombres se concentra en la franja de edad de entre 16 y 30 años, que es cuando termina su etapa educativa y comienzan a ejercitar de forma autónoma sus derechos de ciudadanía.

Seis de cada diez víctimas identificadas en este informe pertenecen a esa franja de edad, aunque hay diferencias en los motivos: mientras que a los hombres se les discrimina sobre todo en ámbitos de ocio (entradas en discotecas o espacios deportivos) a las mujeres, en los mercados, los transportes públicos o los servicios de reparación.

"Hay barreras internas y barreras externas para las mujeres gitanas; internas porque pertenecemos a un grupo en el cual la mujer debe cumplir un papel y un rol que a veces nos impide promocionarnos, y también la barrera externa, porque la sociedad nos estigmatiza y piensa que no vamos a ser buenas profesionales y buenas personas", explicó la directora del informe, Sara Giménez. El estudio expone que la crisis, las expulsiones de gitanos rumanos de Francia o Italia han provocado la expansión de una ola de xenofobia y discriminación, difundida a través de discursos racistas de políticos y de medios de comunicación.

Demasiada permisión

"Hay un brote de intolerancia provocado por la crisis y está habiendo demasiada permisión en los discursos públicos y políticos que potencian la intolerancia", ha asegurado la responsable del área de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, quien ha opinado que estamos "en un momento difícil, de cierto retroceso de la propia sociedad española y europea".

Además, lamentó que en la mayoría de los casos no existe la posibilidad de resarcimiento a las víctimas y provoca que muchas otras personas renuncien a reclamar sus derechos.

Respecto a la discriminación en la vivienda se refieren sobre todo a la hora de alquilar o vender inmuebles a miembros de esta etnia. También destaca "un fenómeno nuevo detectado este año, que son los anuncios donde se venden o alquilan viviendas a gitanos" para utilizar a esta comunidad "como arma arrojadiza para molestar al vecindario donde se comercializan esos pisos".

En España viven entre 750.000 y 900.000 personas de etnia gitana, doce millones en Europa.

la clave

El PP catalán quiere que la "integración" sea obligatoria

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, reclamó ayer que la integración de los inmigrantes sea "obligatoria" para que puedan obtener la autorización para residir y trabajar en España por arraigo social. Sánchez-Camacho avanzó que pondrá en marcha una ofensiva legal en el Congreso, en el Parlamento catalán y los ayuntamientos catalanes para lograr implantar en España del contrato de integración para inmigrantes que los populares defienden. Aseguró que el responsable en materia de inmigración del PP se dirigirá al Gobierno para solicitar que la integración del inmigrante sea un requisito obligatorio a la hora de concederle el arraigo y para que así conste explícitamente en el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. Aunque Sánchez-Camacho no especificó qué institución debería acreditar si el inmigrante está integrado ni qué baremos se usarían para la evaluación, el candidato del PP a la alcaldía de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, avanzó que presentará una moción para exigir que el criterio del ayuntamiento sea necesario en este sentido. La propia Ley de Extranjería ya prevé que "con carácter previo a las autorizaciones por arraigo, las comunidades autónomas o en su caso los ayuntamientos, emitirán un informe sobre la integración social del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentre en su territorio". Sin embargo, este informe de inserción social no es necesario si el inmigrante tiene un certificado de empadronamiento con una antigüedad de al menos tres años.