Varias asociaciones, encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM), presentaron ayer un recurso colectivo de amparo en el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre otros motivos por su concepción como "ley de plazos".

En esta norma "no hay ninguna preocupación ni por la mujer ni por la vida gestante. Hay una única preocupación, que es el lucro económico de las clínicas (que practican abortos), que han sido quienes han movido esta ley", aseguró a la prensa el presidente del CJTM, Javier María Pérez Roldán, después de registrar el recurso.

La organización Talita de discapacitados de Zaragoza, Pro Justicia, el Foro de la Familia, la Red Madre, el ginecólogo de Algeciras (Cádiz) Esteban Rodríguez , además del propio CJTM, son los promotores del recurso de amparo.

Pérez Roldán explicó que se trata de algo "completamente novedoso" porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo permite para cualquier ciudadano que se pueda ver afectado por una ley, pero nunca se ha llevado a cabo.

Citó varias veces la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para argumentar contra aspectos como que la ley obligue a inscribirse en un registro al personal que quiera aducir objeción de conciencia y que ésta sólo se reconozca a los médicos, según interpretó, y no al resto de profesionales sanitarios.

"Tampoco se permite la objeción", añadió, "para el diagnóstico prenatal, que es un requisito necesario para saber si el nasciturus tiene o no una grave enfermedad que pueda permitir la aplicación de la ley".

Se refirió a las "trampas al margen de los padres" para que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar, según ciertas condiciones, sin consentimiento paterno, de manera que se "restringe" su patria potestad y aumenta la de la gestante hasta "recuperar antiguas tradiciones romanas del derecho de vida o muerte".

Censuró la "discriminación" del padre del feto, pues "no tiene ni voz ni voto, ni se le informa absolutamente de nada".

La parte más trascendente, destacó, es la que entiende el aborto como "ley de plazos".

"Hoy en día", argumentó, "la embriología y la ciencia han avanzado y determinan de manera unánime, sin ningún tipo de discusión, que la vida humana empieza desde la concepción. Si el Constitucional quisiera hacer caso a la ciencia en vez de a ideologías, tendría que decir que, al empezar la vida humana allí (en ese momento), habría que respetarla."

Por otro lado, se establece una excepción "perversa", la de embriones con malformaciones o enfermedades, caso en que "se puede abortar en cualquier momento".

"El Gobierno ha aprobado esta ley por un procedimiento prohibido en España, que es una ley de punto final", aseguró en relación con las clínicas, "prácticamente todas", que estaban practicando "abortos ilegales".

Sobre si el derecho es un aborto, señaló que el TEDH estableció en 2003 que, "bajo ningún concepto", se puede entender como tal porque la vida humana en el vientre materno es independiente de la de la madre.

Dijo que estas organizaciones recurrirán al TEDH si el recurso no se admite a trámite.

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