Este viernes y sábado tendrá lugar en el hotel Tenerife Tour Las Caletillas, en el municipio tinerfeño de Candelaria, el I Encuentro Europeo de Afectados por la Ley de Costas.

Estas jornadas, organizadas por la Asociación Europea de afectados por la Ley de Costas, la Plataforma en Defensa de los Ciudadanos de Candelaria, la Asociación en Defensa del Caletón, y la Asociación de Vecinos Las Calas, servirán para debatir y proponer soluciones a la "indiscriminada" aplicación de dicha Ley, según detalló la organización en un comunicado.

Durante estos dos días, afectados, políticos, empresarios, ecologistas y abogados podrán departir sobre la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, la problemática de los núcleos costeros tradicionales, entre otros temas, con el fin de elevar sus conclusiones a los órganos competentes para que sean tenidas en cuenta.

El acto de inauguración de estas jornadas tendrá lugar este viernes a partir de las 12.00 horas y contará con la presencia del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Ricardo Melchior.

BAJO LA CUESTA

El municipio de Canadelaria es uno de los afectados por esta normativa. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Fernando Gómez, lamentó en un comunicado "la actitud mostrada por el alcalde y el grupo de gobierno a la hora de desalojar a los vecinos de Bajo La Cuesta, porque al principio entendíamos que era como medida de seguridad por la situación de alerta meteorológica, ahora creemos que se trató más bien de una excusa".

En este sentido, Gómez aseguró que "primero fue Cho Vito y ahora le toca el turno a Bajo La Cuesta, y lo que ocurre es que los vecinos ya no se fían de un alcalde que se amparó en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para negar la ayuda a un colectivo de ciudadanos del municipio que fueron desalojados y se vieron obligados a abandonar sus viviendas".

"Con estos antecedentes, no nos extraña que algunos vecinos de Bajo La Cuesta se negaran a firmar el decreto, tras consultar a su abogado, en el que se prohibía el paso a personas y vehículos a la zona, el desalojo de estas viviendas, y el corte del suministro de agua, luz y telefonía, todo ello argumentando que existía peligro de derrumbamiento e inundaciones en este enclave", explicó el portavoz popular.

Según Gómez, "el alcalde apoya esta decisión no sólo en el informe de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento sino también del realizado por el Servicio de Costas de Tenerife quiénes alertan del riesgo de desprendimientos y recomiendan que se cierre el acceso de esta zona".

"Si la preocupación de Gumersindo García era la integridad física de estos vecinos por qué no los alertó del temporal el 1 de febrero, si tenía un informe de Costas del día 29 de enero, y fija en el decreto de desalojo que se mantendrá la presente orden en vigor hasta tanto los servicios técnicos aconsejen su levantamiento, algo que todos sabemos que es improbable puesto que este peligro existe desde hace 50 años, existe ahora y existirá en el futuro, igual que en otros sitios de Tenerife, de Canarias y de España", pregunta el edil popular.

Para José Fernando Gómez, "Bajo La Cuesta siempre ha tenido este riesgo, y claro que es deber de un Ayuntamiento velar por la seguridad de sus vecinos, pero no entendemos por qué asegura el alcalde que solicitará una orden judicial para llevar a cabo el desalojo cuando los vecinos han asumido el riesgo siempre, lo hacen ahora y lo harán en el futuro, además ya no hay alerta por temporal y sí una posibilidad de demoler estas viviendas".

"Puestos a cubrir riesgos, espero que a Gumersindo García no le dé por parar el tráfico en la autopista para que los conductores no corran el riesgo de sufrir un accidente de tráfico", ironizó el portavoz del PP.

Asimismo, el edil popular desconfía de la "premura" con la que se ha llevado este tema, y advierte de la Proposición No de Ley que se tratará en el Parlamento, y dónde "la Comunidad Autónoma y ayuntamientos de las Islas realizarán un censo de las viviendas que tengan carácter etnográfico, cultural o marinero para definir cuáles pueden ser objeto de demolición y cuáles no, una solución que podría echar por tierra el derribo de Bajo La Cuesta".

"Mientras en otros países se esfuerzan por asegurar una vivienda digna para sus ciudadanos, aquí en Candelaria se piensa más en las demoliciones que en garantizar este derecho constitucional", aseguró Gómez quién concluyó afirmando que "nuestro deber como representantes municipales es garantizar la seguridad de los vecinos pero también velar porque tengan un hogar".