A lo largo de las últimas semanas, se ha venido produciendo un continuo goteo de noticias y opiniones en los medios de comunicación acerca de la intención del Gobierno de modificar la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Esta modificación estará en sintonía con las directrices de la Unión Europea, que prevén un horizonte de espacios cerrados libres de humo de tabaco en toda la Unión en el año 2012. También sigue la petición mayoritaria de los ciudadanos: el 70% de la sociedad española aprueba una modificación de la ley, para prohibir el consumo de tabaco en cualquier espacio público cerrado. Este porcentaje incluye a la mitad de los fumadores activos, que también están a favor de estas modificaciones.
Desde luego, se ha avanzado mucho desde la promulgación de la "ley antitabaco", hace ahora cuatro años. Por fin, el ¿debate? ha dejado de estar centrado en los aspectos sanitarios de la legislación. Eso significa que todos estamos de acuerdo en que el consumo de tabaco es la principal causa evitable de muerte y enfermedad en nuestra sociedad. A los más de 50.000 fumadores activos que fallecen anualmente en nuestro país por enfermedades directamente atribuibles al consumo de tabaco, tenemos que sumar las 3.000 personas que también mueren cada año en España a causa de enfermedades producidas por respirar el humo de un tabaco que no eligieron fumar. Tanto la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), como la OMS e infinidad de estudios epidemiológicos coinciden en este punto: el humo del tabaco fumado por otros es un carcinógeno demostrado para el ser humano, incrementa aproximadamente en un 30% el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y es el segundo carcinógeno más presente en el lugar de trabajo en España, sólo por detrás de la radiación solar.
En nuestro país, el 9% de la población declara estar expuesta a humo ambiental de tabaco (HAT) en su lugar de trabajo más de cinco horas al día, el doble de la media europea. Los trabajadores de la hostelería y restauración -unos tres millones- se encuentran dentro de ese grupo. El derecho a la salud de estos ciudanos, y su derecho a trabajar en un entorno laboral seguro, no está siendo protegido de manera efectiva por la actual ley, como han puesto de manifiesto diferentes estudios realizados en nuestro país, auspiciados por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), otras sociedades científicas e incluso organizaciones de consumidores. La modificación de la ley, por tanto, deberá servir para hacer efectiva la protección del derecho a la salud de todos los trabajadores de este país en su lugar de trabajo.
La prohibición de fumar en lugares públicos cerrados no colapsará el sector hostelero español, del mismo modo que no arrasó la hostelería irlandesa, escocesa o italiana. Estudios epidemiológicos independientes realizados en estos países tras la implantación de sus respectivas leyes han demostrado que la mejoría de las condiciones de trabajo se ha acompañado de una disminución de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares entre los trabajadores de la hostelería, con una reducción de las bajas laborales e incremento de la productividad. Nadie dejará de desayunar, tomar café a media mañana, cenar o tomar una caña porque no le permitan fumar en el interior del restaurante o cafetería. Más aún: si no se prolonga la sobremesa para fumar un cigarrillo, la rotación de clientes por mesa puede ser mayor, y el número potencial de clientes podría incluso aumentar.
La modificación de la ley es necesaria, es útil y es aceptada por la mayoría de nuestra sociedad; pero las prohibiciones son sólo un aspecto de las políticas de prevención y abordaje del tabaquismo. Si, además de incrementar las medidas restrictivas, la nueva ley contempla medidas fiscales disuasorias para que España (y Canarias en particular) deje de ser el estanco de Europa; y si la ley incluye medidas sanitarias eficaces para atender a los fumadores que quieran aprovechar esta circunstancia para dejar de fumar, incluyendo la financiación pública de los tratamientos farmacológicos, entonces los profesionales de la salud podremos decir que esta vez sí será, verdaderamente, una buena ley.
de Neumología y
Cirugía Torácica (Neumocan)