Santa Cruz de Tenerife
NICOLÁS FERNÁNDEZ GUISADO PRESIDENTE NACIONAL DEL SINDICATO DEL PROFESORADO ANPE

"El régimen disciplinario de nuestros docentes es el más duro de Europa"

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife
28/feb/10 1:10 AM
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En plena negociación del pacto social y político sobre la educación, el presidente del sindicato ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha visitado las Islas para trasladar a los dirigentes y afiliados de la organización cómo avanza el proceso para lograr un instrumento que considera básico, pero sobre cuya materialización alberga algunas dudas.

¿Es optimista sobre la consecución del pacto?

Queremos serlo, porque el sistema educativo necesita un cambio profundo que sólo se podrá alcanzar a través de un pacto de Estado. Pero, al mismo tiempo, tenemos que ser cautos, porque existen cuestiones de fondo importantes entre los dos partidos que tienen la responsabilidad de llegar a un primer acuerdo.

¿Cuáles son los asuntos primordiales que debe contemplar el pacto?

Uno de sus pilares debe ser el modelo y la estructura. El modelo que sustenta el sistema actual es el de la Logse, porque la LOE no hizo sino reafirmar los principios de aquella ley. Es urgente cambiarlo, porque está basado en la educación comprensiva, y hoy necesitamos un modelo que atienda mejor a la situación del alumno desde la perspectiva individual, la diversificación de las enseñanzas, la fundamentación de los conocimientos, un mayor rigor en el aprendizaje, la valoración del esfuerzo... Hay que ir a un sistema de mayor calidad y más exigente, dentro de la equidad. También hay que hacer cambios en la estructura. Debemos hacer una Secundaria más flexible, ir hacia un Bachillerato de tres años. También hace falta dar mayor reconocimiento y proyección a la FP. Para que el pacto sea de Estado debe ser también territorial, y mirar por la cohesión y la vertebración del sistema educativo. Eso pasa por garantizar unas enseñanzas mínimas en todo el Estado, lo que tiene que ver también con el carácter nacional de los cuerpos docentes y con el derecho a usar la lengua común en todo el país, haciéndola compatible con las vernáculas.

¿Y en cuanto al profesorado?

Debe ser otro pilar. Hasta ahora, las reformas educativas no se han ocupado de él. Es importante también atender al funcionamiento de los centros, a su autonomía organizativa y pedagógica, y al principio de libertad de elección, pero teniendo en cuenta que sólo una enseñanza pública de calidad bien dotada puede asegurar el cumplimiento del principio de igualdad.

¿Corre peligro la vertebración del sistema si se continúa como hasta ahora?

No pedimos que el Estado asuma más competencias, sólo que se cumplan las que tiene actualmente. En las comunidades sin lengua vernácula, al Estado le corresponde fijar el 65% del contenido curricular y a la comunidad, el 35%. En las que sí la tienen, la proporción es de un 55% y un 45%. Queremos que esto se cumpla, porque, en la última reforma de la LOE, ni siquiera se garantiza ya que el Estado autorice administrativamente los libros de texto. Necesitamos unas enseñanzas comunes mínimas en toda España. Si no es así, iremos con el tiempo a 17 sistemas educativos. Ya hay riesgo de ello. La ley de Cataluña crea sus propios cuerpos docentes. Esto es un paso atrás.

Se ha referido a la libertad de elección de centros. ¿No está garantizada actualmente?

La Constitución la garantiza. Las redes pública y concertada han funcionado hasta ahora razonablemente bien. En líneas generales, la libertad de elección se respeta. Pero primero necesitamos una enseñanza pública de calidad. En España, hay municipios que sólo tienen un centro. Lo que tenemos que hacer es que estén dotados con los recursos y medios precisos. Donde conviven los públicos y los privados concertados, reclamamos que los primeros puedan competir en las mismas condiciones, lo que implica una distribución racional de los alumnos, la dotación de medios suficientes y que se les permita desarrollar proyectos propios. Sólo una educación pública de calidad es garante del principio de igualdad de oportunidades. Si no es así y se la usa para recoger las dificultades que pueda haber, perjudica a las clases más desfavorecidas. Una vez en igualdad de condiciones, que se garantice la libertad de elección. Las reglas del juego deben ser las mismas para todos. Luego, por supuesto, que los padres elijan libremente. Es su derecho.

ANPE exige un cambio radical del modelo. ¿Apostarían, incluso, por una nueva ley?

Llegado el último extremo, sí. No es una prioridad, pero el último documento presentado por el Ministerio supone 21 cambios en la ley. Son muchos, pero estamos de acuerdo con ellos. Incluso deberían ser más. Lo importante es que, mediante esta ley o una nueva, se introduzcan modificaciones profundas en el sistema.

¿Tienen expectativas de que el reconocimiento del profesor como autoridad pública se recoja en el pacto?

Es básico. El reconocimiento de la autoridad cada vez ha calado más en la sociedad. No es la autoridad del autoritarismo o una autoridad ciega, sino la autoridad magistral, del reconocimiento de que el profesor realiza una labor importante que va en beneficio del alumno, que se le reconozca la presunción de veracidad. Esto siempre va en favor del alumno. La autoridad es un componente básico de relación educativa, no un privilegio de nadie. Eso cada vez lo entiende más la sociedad.

Sin embargo, hay quien sigue asociando el concepto de autoridad con épocas pasadas y con modelos educativos represivos.

Seguramente, se debe al movimiento pendular que caracteriza a la sociedad en muchas cosas. Puede que tampoco hayamos sabido explicarlo. Asociar la autoridad docente a otras épocas es un prejuicio. Además, si los profesores se equivocan, tienen el régimen disciplinario y sancionador más duro de Europa. La autoridad hará más responsable al profesor, y quien abuse de ella tendrá que responder.