Los profesionales sanitarios denunciaron ayer la "lentitud insoportable" con la que se desarrolla el proceso iniciado por el Ministerio de Sanidad para prohibir fumar en bares y restaurantes, algo que han achacado a "intereses políticos y económicos".
Consejos generales de médicos, odontólogos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeras y el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo reclamaron a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que "acelere" el endurecimiento de la ley antitabaco para que "no tenga ningún tipo de retraso gratuito".
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Juan José Rodríguez Sendín, apeló a la "responsabilidad" social de "todos los dirigentes", no sólo de los políticos, para que antepongan a cualquier otro interés el derecho constitucional a la salud de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad.
Rodríguez Sendín hizo hincapié en que "un retraso de meses" en aprobar las nuevas medidas supondrá un mayor número de muertes, teniendo en cuenta que cada año 3.000 personas fallecen en España víctimas del tabaquismo pasivo, es decir, ocho diarias.
Primar otro tipo de cuestiones, como las supuestas pérdidas que aventuran los hosteleros, por encima de la salud de los españoles y de una "evidencia científica que abruma" sobre los perjuicios del tabaquismo, sólo puede definirse como "corrupción", aseveró el doctor.
Sin pérdidas
El presidente de la Organización Médico Colegial recordó que la experiencia de todos los países donde se ha prohibido fumar en los espacios públicos cerrados es que la hostelería no ha sufrido pérdidas económicas. Así, comentó que si fueran "verdad" los temores del sector cabría preguntarse si es lícito "poner precio a las muertes de este año" o plantearse "cuánta gente tiene que morir" para que se opte por apreciar más los beneficios de bares y restaurantes que la salud pública.
María Ángeles Planchuelo, presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que agrupa a 37 sociedades científicas, confesó que "le extraña que no haya un texto articulado" sobre una iniciativa que, según ha anunciado la ministra de Sanidad, se presentará en junio al Consejo Interterritorial de Salud. Por eso, pidió que "cuanto antes" se difunda este documento a fin de que los profesionales sanitarios puedan "valorarlo" y hacer aportaciones.