El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció ayer que los agentes que cumplan con la "política de dirección por objetivos" que obliga a realizar "cientos de identificaciones indiscriminadas" de inmigrantes en situación irregular incurrirán en "una práctica ilegal", por lo que se exponen al riesgo de ser expulsados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En un comunicado, el SUP criticó la política "de dirección por objetivos" que exige "un mínimo de objetivos de delincuentes cualificados" a los agentes uniformados que operan en la calle y reprobó que la circular policial 1/2010 sobre la aplicación de la Ley de Extranjería es un documento "secreto" que supone "un paso más en la escalada de no respetar los derechos constitucionales" de los ciudadanos y pone en riesgo la seguridad jurídica de los policías.
Recordó que las sentencias del Tribunal Supremo son las encargadas de establecer los criterios y límites para la identificación en la vía pública y expuso la defensa del alto tribunal para que estas prácticas se lleven a cabo siempre que exista "un indicio racional" sobre la posible comisión de un delito o en base a determinadas diligencias abiertas. "Pero no existe jurisprudencia ninguna en la que se establezca que un policía puede identificar indiscriminadamente, sin motivo alguno de sospecha, a un ciudadano", añadió.
No obstante, si se produce la "rara excepción" de producirse denuncias contra la Policía, el sindicato advirtió de que "casi siempre" acabarán en la condena y expulsión de los agentes. "Es una lotería que le puede tocar a cualquiera, normalmente a ''Zs'' o UPRs, aquellos que están en la calle de uniforme y a los que se les exige un mínimo de objetivos de "delincuentes cualificados", lo que obliga a realizar cientos de identificaciones indiscriminadas y en contra de la legalidad establecida", remachó.
Para el SUP, las políticas que marcan una serie de "objetivos" a los miembros de las Fuerzas de Seguridad son "un aberración" al poner en riesgo sus "garantías jurídicas" y "vulnerar" los derechos constitucionales de los ciudadanos.
"Esas políticas de dirección por objetivos de las grandes empresas, para primar o no a sus directivos, se han trasladado a la Policía parcialmente e invertida, pues se exige que desborde la ley al último eslabón de la cadena, al policía de la escala básica", prosigue el secretario general de la plataforma sindical José Manuel Sánchez Fornet, quien tacha esta práctica de "ilegal" además de considerarla "profesionalmente injusta y moralmente inaceptable".
"Si el Gobierno quiere que este año se superen en Madrid 445.000 identificaciones y 22.000 detenidos debe hacer una ley que diga: Los policías podrán solicitar la identificación de cualquier ciudadano sin causa justificada, avisan.