El Consejo de Ministros aprobó ayer las medidas con las que pretende acabar con la piratería en internet y que prevén que el cierre o bloqueo de una página web que infrinja la legalidad se produzca siempre por orden judicial, según informó la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.

La ministra de Cultura explicó ayer que el modelo elegido por el Gobierno para atajar el problema de las descargas que vulneren los derechos de autor en internet, es un "sistema mixto" en el que cuando un titular de derechos de autor considere que su obra está siendo explotada y distribuida por una página web sin licencia pueda presentar una denuncia a la sección segunda, que se creará a tal efecto, de la Comisión de Propiedad intelectual, quien analizará el caso y lo remitirá a un juez de la Audiencia Nacional de lo contencioso-administrativo, el cual tendrá un plazo de cuatro días para autorizar o no el bloqueo de esos contenidos concretos.

En opinión de González-Sinde, que compareció en el Ministerio de Cultura tras el Consejo de Ministros, ésta es "una propuesta equilibrada" desarrollada en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que el Consejo ha remitido hoy a los órganos consultivos.

La medida pretende armonizar, dijo la ministra, los derechos de todos, "de los ciudadanos como usuarios de la red y de quienes viven de la cultura". Según González-Sinde, "el Gobierno ha aprobado una propuesta que permite a la Administración actuar contra unos cuantos que se enriquecen ilegalmente en la red mientras se da la última palabra a los jueces, que deberán decidir rápidamente".

Debatida en las Cortes

Asimismo, aclaró que dicha propuesta "aún puede ser debatida y modificada en las Cortes". En primer lugar, el Proyecto de Ley de Economía Sostenible debe ser aprobado en el Parlamento y posteriormente un reglamento desarrollará todos estos detalles.

"Esto será efectivo cuando se apruebe en unos meses", señaló.

En este sentido, González-Sinde aseguró que la libertad de expresión en la Red "está garantizada". "Pero a la vez se lucha contra unos cuantos que perjudican a las obras de otros y se enriquecen ilegalmente".

Sobre la posible preocupación de los internautas por esta medida, la ministra de Cultura señaló que "no deben estar molestos ni preocupados en absoluto".

"Estamos hablando a lo sumo de un centenar de páginas y no creo que ningún internauta esté en el caso de quienes se lucran con la explotación de obras ajenas.

Esta medida va contra quienes tienen un entramado empresarial detrás", detalló.

Insistió en que los ciudadanos "que hacen un uso de Internet y de sus capacidades y obras adquiridas de manera legal no deben tener ninguna preocupación. Esta medida no afecta al ciudadano común ni al uso privado", añadió.

Por lo que se refiere a los miembros que integrarán la citada Comisión de Propiedad Intelectual, "que es independiente" -dijo-, "reflejará necesariamente la pluralidad de intereses y en ella habrá expertos en derechos, expertos en internet y en las diferentes materias". En cualquier caso, la ministra consideró que "la celeridad del proceso es importante por el perjuicio que se causa".

Si bien no se bloqueará ninguna página sin haber tomado contacto con el denunciado, todo este procedimiento "no elimina las posibilidades que tiene cualquiera que sea titular de unos derechos o de una página de acudir a otros tribunales, puesto que las otras vías ordinarias siguen su curso", declaró González-Sinde.