La compañía petrolera Cepsa afrontará la recuperación de 56.876 metros cuadrados de terreno contaminado que reconoce que existen en el ámbito de la superficie que ocupa la Refinería, un perímetro que aumentará en la medida de que se vayan desmantelando las instalaciones que la propiedad tiene en este espacio, según se desprende de la documentación perteneciente al Plan de Recuperación Voluntaria de Suelos-Refinería de Tenerife que Cepsa ha remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

En este caso, se trata de la respuesta por escrito a una pregunta del grupo Sí Se Puede (SSP) que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha remitido en el ámbito de la comisión de control celebrada ayer públicamente en la sala García Sanabria de su sede central y al que EL DÍA tuvo acceso, a pesar de no ser expuesto de forma oral.

Fue uno de los asuntos tratados sobre un orden del día con 19 cuestiones y entre los que destacaron las comparecencias de los concejales de Urbanismo y Recursos Humanos, Carlos Tarife y Juan José Martínez, respectivamente, a petición de SSP, para explicar los datos de participación pública inicial sobre el nuevo Plan de Ordenación General (PGO) o las razones de la aprobación de la Oferta Pública de Empleo por parte de la Junta de Gobierno, por la que se pueden ver afectados unos 300 trabajadores de la corporación que están en situación de interinidad.

En cuanto a los suelos en los que va a actuar Cepsa para su descontaminación, el informe enviado al ayuntamiento por parte del Gobierno de Canarias recoge que el documento lo remitió la compañía petrolera el pasado 3 de julio, y tiene como objetivo principal "permitir tras su ejecución, en la parcela donde actualmente se localiza la Refinería, un uso residencial para casas unifamiliares con jardín y sótano y otras actuaciones residenciales y de ocio", vinculadas al plan Santa Cruz Verde 2030.

En el proyecto se identifican "una serie de zonas donde el riesgo para las personas con el uso residencial es inadmisible y donde, por tanto, se ejecutarán actuaciones de recuperación del suelo", incluyendo que se trata de 9 puntos en donde se tomarán medidas correctoras.

De forma generalizada, el documento puesto a disposición de SSP señala que en los terrenos de la Refinería se han analizado "un total de 174 puntos de muestreo, diferenciando entre 111 sondeos de suelos y 63 piezómetros de análisis de aguas subterráneas".

Destaca que la afección de los suelos es principalmente "por hidrocarburos" que se encuentran en zonas de almacenamiento, cubertos de tanques de fuel y crudo o aguas bajo los mismos en distintas distribuciones del terreno, resaltando que "al suroeste de la zona de tanques de queroseno y gasolina, la afección alcanza los 3 o 4 metros de profundidad dentro del suelo de relleno".

Por otra parte, Tarife adelantó que la consulta pública sobre el nuevo PGO iniciada por internet en noviembre ha recogido un total de 113 sugerencias o propuestas al documento, un dato muy criticado por la oposición que demandó un esfuerzo por parte del ayuntamiento para informar a los vecinos dado el escaso éxito de la medida. Sobre ello, el concejal de Urbanismo detalló que "ahora se abre un proceso más específico de 6 meses (de enero a junio) en donde se harán talleres ciudadanos para informar a los interesados y que puedan proponer alegaciones al detalle".

Otra de las cuestiones a debate fue la convocatoria de Oferta Pública de Empleo (282 plazas) aprobada por la junta el pasado lunes. En este punto, Martínez apuntó que "se trata de una obligación legal y que tiene como fin bajar la temporalidad de los trabajadores interinos de la corporación, que en el municipio se eleva al 30%, cuando se insta a rebajarla al 8%".

Esta posición fue criticada por toda la oposición al entender que 300 trabajadores en esta situación "se encuentran en un estado de vulnerabilidad", críticas que fueron respondidas con dos ideas: "Las bases genéricas les favorecerán" y "es necesario un esfuerzo de los trabajadores ante las oposiciones", teniendo como referencia que "casi un 33% de la nota la tienen asegurada en función de su antigüedad", llegó a decir en su alocución.

Ejecución de obra pública en el municipio

El concejal de Obras e Infraestructuras, José Alberto Díaz Estébanez, apuntó ayer a preguntas del PSOE que el nivel de ejecución en obras alcanza el 88,3% y que en la actualidad el dinero comprometido afecta a 31 obras municipales y 6 compartidas. Recordó que el presupuesto alcanza los 17 millones de euros./ m.e.

El concejal Servicios Municipales, Dámaso Arteaga, fue requerido por Ciudadanos (Cs) para informar sobre los vertidos de aguas residuales en La Hondura, de la que dice, no están tratadas, "por lo que el Gobierno de Canarias ha abierto un expediente sancionador".

Al respecto, Arteaga pidió cautela sobre la acusación de que se vierten al mar aguas sin tratar, apuntando que los técnicos "dicen lo contrario" del informe regional, que advierte de residuos sólidos. Esta respuesta desató las críticas de la oposición al entender que la respuesta no se ajustaba, advirtiéndole, además, de que la autorización de vertidos en La Hondura finaliza el 31 de diciembre. Sobre ello, Arteaga dijo que se está tramitando el permiso desde junio.

otros asuntos

El PSOE pidió explicaciones al edil de Atención Social, Óscar García, sobre las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito del Albergue con las personas sin techo. Sobre ello destacó que se trata de un problema de difícil solución y que, entre otras cuestiones, desarrollará un plan de convivencia en Azorín.

Evelyn Afonso (Cs) pidió explicaciones a José Alberto Díaz Estébanez (CC) sobre los retrasos de las obras de Imeldo Serís, contestándole el responsable que se han debido a las distintas modificaciones hechas al proyecto de renovación.