El caso Taucho se reabre. Cuando parecía encaminado el futuro del inmueble del número 64 de la calle General Serrano, en Duggi, un giro inesperado de la Tesorería General de la Seguridad Social, que había cedido la casa por 15 años al Ayuntamiento de la capital, ha puesto en duda que se vaya a cumplir lo que se había firmado en noviembre del año pasado.

Según informó ayer el concejal de Hacienda de Santa Cruz, Juan José Martínez, desde que cambió el Gobierno de España, es decir, desde que gobierna el PSOE, empezaron a recibir requerimientos por parte de la Seguridad Social cuestionando la cesión del inmueble al colectivo Azarug, el mismo que, desde hace años, lleva a cabo en la casa sus actividades.

"Hemos tenido varias reuniones con ellos. Es más, hemos llegado a algún tipo de acuerdo que luego no se ha cumplido", se quejó el edil de la capital, quien también criticó que hayan puesto en duda la "utilidad pública" del proyecto que lleva a cabo el citado colectivo social de jóvenes.

Martínez indicó, además, que el organismo estatal ha llegado, incluso, a anunciar reclamaciones previas a la presentación de un recurso contencioso-administrativo. "Es más, nuestros Servicios Jurídicos están haciendo acopio de la documentación porque entendemos que hay argumentos, no solo políticos e institucionales, sino también jurídicos, para defender la solución que hemos dado", indicó.

El concejal de Hacienda dijo "no entender" la posición que ha adoptado la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando hay muchos casos a lo largo de todo el Estado español de inmuebles cedidos a entidades similares".

Juan José Martínez, que da por agotada la negociación con la Seguridad Social, avanzó que abordará este jueves el asunto con el nuevo subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, el mismo día que el grupo municipal socialista preguntará por este asunto en la comisión de control del ayuntamiento.

"Es casi una tomadura de pelo. Desde que ha habido un cambio en la administración y es el PSOE el que gobierna estamos teniendo todas estas dificultades para un recurso que es muy valorado por los vecinos y técnicos municipales", sostuvo el edil, quien "confía" en que se pueda desatascar la situación en esa reunión con Javier Plata.

Martínez reconoció que "con esta indefinición jurídica" no pueden lanzarse a realizar la obra de reforma del inmueble, pues podría darse el caso que la Seguridad Social quisiera recuperarlo, "a pesar de que en el propio acuerdo de cesión reconocen que no tienen ningún uso previsto para ese inmueble".

Cabe recordar que la intervención del ayuntamiento frenó, hace algo más de un año, el desahucio que estaba previsto del colectivo Azarug, que realizaba todas sus actividades en este inmueble.

Posteriormente, en noviembre de 2017, el consistorio acordó con la Tesorería General de la Seguridad Social la cesión de la casa, por quince años, para que Azarug continuara desempeñando su labor.

Como contrapartida, el ayuntamiento se comprometió a reformar la vivienda, bastante deteriorada, para lo que destinó una partida de algo más de 170.000 euros. Ya existe proyecto para ejecutar las obras.

Paralelamente, Azarug adquirió el compromiso de regularizarse como otros colectivos municipales de partición ciudadana, condición que ya ha llevado a cabo.