El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, reiteró ayer la petición al Banco Santander de que dé órdenes a sus servicios jurídicos para que agrupe todas las peticiones de desahucios relativos a las 358 viviendas de Añaza amenazadas de verse en la calle y que se suspendan de forma efectiva, ya que al día de hoy "siguen llegando cartas a los vecinos afectados del populoso barrio".

El regidor puso en valor la decisión de la entidad financiera, pero reclamó "una acción verdadera" para evitar el sufrimiento y la presión que la situación está generando a las familias, en espera de las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias para adquirir los dos edificios de viviendas afectados.

En el programa "El Día por Delante", de Radio El Día, Bermúdez recordó que las familias cumplen los requisitos para ocupar una vivienda amparada por Vivienda de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler desde que empezaron a vivir allí, resaltando que "a unas familias les fue mejor y otras peor y se han producido situaciones problemáticas. Otras familias querían pagar y no las dejaron... Hay situaciones para todos los gustos".

El alcalde señaló que será el Gobierno de Canarias el que solvente el problema social de las familias con la adquisición de los edificios para luego alquilárselas. "Lo que va a pasar es que va a existir un cambio de casero, pero la idea es que todas las personas tengan un contrato de alquiler y se mantenga, salvo que haya variado mucho la situación y ya no cumplan con los requisitos, cosa que veo difícil", dijo, para añadir que a los ocupas se les buscará una alternativa habitacional", concluyó.