El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer el inicio de los trabajos relativos al nuevo Plan General de Ordenación del municipio con la presentación de un cronograma que marcará los pasos que se realizarán para que en diciembre de 2022, la capital tenga un nuevo documento urbanístico, un asunto de suma importancia al que se le añadió otro de más nivel todavía, la aprobación inicial del presupuesto general de la corporación, que ascenderá a los 286 millones de euros, tal y como adelantó el alcalde, José Manuel Bermúdez, a principios de este mes.

Sobre las cuentas, el concejal Juan José Martínez (CC) defendió un presupuesto que contempla un 19,6% más en inversiones (56,4 millones), con menos impuestos y completamente libre de deudas en 2019, resaltando que se trata de un presupuesto realista y expansivo en donde la presión fiscal se reduce y las políticas sociales se desarrollan, lo que redundará en el día a día de los ciudadanos, resumió en sintonía de su jefe de filas.

Por su parte, todos los grupos de la oposición presentes mostraron su rechazo al considerar las cuentas muy poco realistas y alejadas de las necesidades de los ciudadanos. Sobre ello , Pedro Fernández Arcila (SSP) fue bastante crítico al considerar las cuentas poco sociales, por lo que propuso una enmienda a la totalidad. En la misma línea se pronunciaron el PSOE y Cs, cuyo portavoz, Enrique Rosales, "abandonan a los vecinos, autónomos y a las pequeñas y medianas empresas (pymes)".

Esas tesis fueron rebatidas por Zaida González (PP) y José Alberto Díaz Estébanez (CC), quienes pusieron en valor el proceso que ha llevado a presentar un presupuesto de 2019 que da continuidad al trabajo anteriormente realizado, "resultados que no solo son evidentes, sino incontestables".

El otro asunto importante de la sesión plenaria de ayer fue el que defendió el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP) con su propuesta de un nuevo PGO. Apuntó que esa propuesta urbanística debe estar aprobada en 2022, iniciando su alocución con párrafos de la canción "Hoy puede ser un gran día", del cantautor Joan Manuel Serrat, para dar importancia al pistoletazo de salida para los trabajos ante la posible anulación por parte del TSJC del PGO 2013.

En este caso, ofreció "un gran pacto por el urbanismo de la ciudad" a Cs, PSOE y SSP, reclamando que el debate estuviera al margen la perspectiva ideológica. Puso en valor que tras aprobarse, el próximo día 12 de noviembre se abrirá el plazo de un mes para una consulta pública sobre el documento, el punto de partida que tiene que concluir con que en 2023 "ya tengamos PGO" en base a un trabajo técnico serio.

Añadió, además, que de forma paralela se actualizará el nuevo Catálogo de Protección del Patrimonio, haciendo un repaso, también, de las líneas generales que marcarán el documento.

Enfrente, la postura más crítica fue la de Cs, quien a través de Enrique Rosales, su portavoz, le recordó las cosas que no ha cumplido, poniendo como ejemplo con el plan especial de El Toscal y recriminándole que no ha gestionado nada.

En este caso, Eligio Hernández (SSP) anunció la abstención de su grupo, principalmente porque no contar con el equipo de técnicos de la corporación y la dejar los trabajos en manos de un equipo externo. Esa línea fue defendida por José Ángel Martín (PSOE), quien no obstante agradeció a Tarife no hacer referencia al pasado (fue concejal de Urbanismo y acusado de promover el PGO anulado) e invitó a que "el documento vaya de la mano de un plan estratégico".

Tarife recordó que el proceso del nuevo PGO lo fiscalizará el propio ayuntamiento y señaló que Urbanismo está en labores administrativas que no harían posible la atención al ciudadano en condiciones, dijo para justificarlo.

Al final, vía libre para desarrollar el cronograma del nuevo PGO.

Otros de los asuntos que se llevaron a pleno para su aprobación fueron los relativos a la modificación de las ordenanzas fiscales y bonificaciones de Gestión, Inspección y Recaudación; IBI; Plusvalía; Rodaje; y uso de los Bienes de dominio Público.

Nuevamente, el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, fue el encargado de defender las modificaciones, explicando detalladamente los objetivos de las rebajas fiscales (recordó que Santa Cruz es la capital de provincia de todo el Estado con menor carga fiscal) y señalando como ejes principales de los cambios la dinamización de la actividad comercial y el favorecer las políticas sociales en el muncipio, entre otras cuestiones.

En general, los grupos de la oposición vieron con buenos ojos las propuestas de manera global, aunque con el detalle pusieron alguna que otra pega. El más crítico, sin duda, fue SSP que uno por uno intentó desmontar los motivos de CC en sus propuestas.

En donde sí coincidieron SSP y PSOE, sobre todo, fue en la modificación para las exenciones del uso del dominio público, no entendiendo cómo para favorecer la actividad económica, no se cobrará a las empresas privadas que lo utilizan. "Es distinto incentivar que regalar espacio público", dijeron.