Dio exactamente igual que el concejal de Servicios Municipales, Dámaso Arteaga, defendiera la limpieza y el rigor que los técnicos han tenido para concretar que la mejor oferta sobre el contrato de limpieza del municipio fuera la de la empresa Valoriza, propuesta elevada para su aprobación por la Mesa de Contratación basada en una visión global que ha dado a la compañía de servicios la mayor y mejor valoración.

Los grupos SSP, PSOE, Cs e IU ya tenían más que definida su posición en la Comisión de Control acerca de la propuesta de adjudicación del contrato. Desde hace días y ayer, en el foro, la oposición al unísono manifestó, de forma reiterada, no comprender cómo, con un informe técnico de un parámetro mejorado sobre la calidad del servicio que estaba dimensionado y que era imposible de cumplir, la empresa obtenía la mejor puntuación.

Estas diferencias se concretaron en la decisión, por parte de los grupos de la oposición, de registrar una petición de pleno extraordinario para tratar de forma extensa la propuesta del contrato de limpieza. Esa petición, que fuentes del PSOE adelantaron que se realizó ayer, cuenta con el respaldo de los doce concejales que en estos momentos integran la oposición, quienes esperan que en 15 días se celebre esta sesión monográfica.

Al margen de ello, Dámaso Arteaga (CC) se defendió de tres peticiones de comparencia que, con buen criterio, el presidente de la comisión, Carlos Correa (PP), unificó concediendo más tiempo para el debate.

En este caso, el edil nacionalista apuntó que los técnicos trataron un pliego muy complejo, reprochando a la oposición "la falta de rigor" que ha tenido a la hora de valorar, recordando que, "aún obviando la mejora del parámetro de calidad de servicio sobrevalorado, la oferta de Valoriza seguiría siendo la mejor".

El contrato supone "una mejora sustancial del servicio que se está prestando", prevé la "subrogación de los trabajadores" y tiene medidas correctoras sobre un parámetro de calidad que está dimensionado "sobre la excelencia", llegó a decir.

En este punto, los concejales Antonio Blanco (Cs) y Elena Mateo (PSOE) criticaron que, a pesar del informe técnico en el que se declara que Valoriza no podrá cumplir con el parámetro de calidad, el servicio se vaya a adjudicar a esa empresa, preguntando la segunda "cuál es el interés que existe para adjudicar el contrato a Valoriza".

Pedro Fernández Arcila (SSP) reiteró el discurso anterior y señaló con rotundidad que "se trata de una oferta tramposa", en la que los técnicos "han caído", a pesar de haber declarado que es "inconseguible", poniendo como ejemplo los problemas para cumplir con los servicios generales de recogida.

Este aspecto también lo defendió Ramón Trujillo, quien hizo hincapié, además, en la sanciones dispuestas, ironizando sobre la posibilidad de que Valoriza se convierta en "una ONG que entregará dinero a los santacruceros".

En definitiva. Mucho ruido, debates, discusiones y un pleno en el que se volverán a calcar los argumentos de unos y de otros.

Anulación del PGO 2013

El concejal Carlos Tarife (PP) se hizo fuerte defendiendo el procedimiento llevado a cabo en los recursos al Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en referencia a la anulación del PGO 2013. Pidió esperar a la resolución del TSJC y destacó que si es desfavorable, el plan vigente seguiría siendo el de 2005. Habló de posibles afecciones, del trabajo que se está realizando en el nuevo documento, pero no permitió la crítica de la edil Elena Mateo (PSOE), a la que recordó que su jefe de filas, José Ángel Martín, fue el impulsor del PGO 2013 que está cuestionado por la justicia por sus parcelas ambientales. Aseguró que en el próximo pleno se presentará el cronograma de trabajo del nuevo PGO y que se presentará una comparativa de afecciones sobre los planes para determinar qué influencia puede tener que el PGO 2013 haya sido suspendido en relación al anterior documento de 2005.

De las comparecencias tratadas, la de la concejal de Vivienda, Carmen Delia Alberto (CC), fue una de las más esperadas. La petición la hizo la edil Asun Frías (SSP) para que informara sobre los pasos dados para concretar el derecho constitucional de la vivienda con el problema de fondo de las 300 familias de Añaza amenazadas de desahucio.

Alberto tiró de guion y puso sobre la mesa las acciones realizadas y las dificultades con las que se encuentra la administración local para afrontar este problema y puso en valor la negociación que ha llevado a cabo el ayuntamiento con entidades bancarias para poder adquirir viviendas terminadas y edificios a medio construir para ponerlas en alquiler social.

Precisamente, Frías se vio arropada por miembros de la plataforma por una vivienda digna y criticó que desconociera la existencia en el municipio de viviendas sociales vacías, señalando por ejemplo, las 42 viviendas de El Sobradillo y la necesidad de invertir más dinero en esta materia.

En este punto, el resto de compañeros destacaron los problemas actuales existentes para acceder a las viviendas, recordando los casos de desahucios.

Sobre ello, Carmen Delia Alberto apuntó el trabajo llevado a cabo por la corporación, dando datos significativos de los desahucios que la corporación ha intervenido en un total de 24 desahucios uno de ellos un caso de ejecución hipotecaria e impagos de alquileres.