"Diálogo sí, pero firmeza absoluta para que rápidamente se paren los desahucios y se renueven los contratos de alquiler" de los vecinos de los edificios de las manzanas 7 y 8 del barrio de Añaza ante la seria amenaza de ser desahuciados o verse en la calle tras no renovárseles el contrato que tienen con las sociedades del Banco de Santander, el propietario último de sus viviendas.

Así de contundente se mostró ayer el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, tras la reunión mantenida con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; la responsable de Viviendas del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, y una representación de los vecinos afectados. En este foro incluso amenazó con emprender "acciones legales" contra la entidad financiera "si fuera necesario", dejando entrever que "las tres administraciones somos clientes" y se podrían precipitar acontecimientos a modo de presión.

En este caso, el regidor, con gesto muy serio, exigió ayer al Banco de Santander una reunión en el plazo máximo de 48 horas con las administraciones para lograr paralizar los desahucios, cuyas fechas ya están planificadas, y garantizar la renovación de los contratos de los inquilinos a los que ya se les ha anunciado que no se les volverán a rubricar.

Todas estas demandas fueron apoyadas sin fisuras tanto por la Corporación insular como por la regional en el transcurso de una reunión celebrada en el ayuntamiento capitalino ante la presencia de una nutrida representación de vecinos afectados que reclaman una solución a sus problemas.

Ante los medios de comunicación, y después de la reunión, Bermúdez dio a la entidad financiera "un plazo máximo de 48 horas" para reunirse con las administraciones y reconducir un problema que afecta a casi 300 vecinos a modo de crisis social.

El alcalde recordó que "casi el 70% de los vecinos afectados son usuarios de los Servicios Sociales" y exigió "que se paren los desahucios, y lo vamos a hacer directamente activando el protocolo antidesahucio para todos aquellos desahucios que tengan fecha de juicio o alzamiento".

"En segundo lugar, que renueve los contratos de alquiler que no ha renovado y que mantenga la situación jurídica que existe, sobre todo cuando había muchísimas familias que estaban pagando el alquiler de maneara normal y que quieren seguir pagándolo".

Con "el plazo máximo de 48 horas (desde ayer)", Bermúdez ha iniciado un pulso contra el Santander, contra el que también estaría dispuesto a emprender acciones legales.

La consejera de Políticas Sociales y Viviendas del Ejecutivo regional, Cristina Valido, señaló que hoy, martes, enviará un burofax a la propiedad y a la gestora reclamando información sobre la situación y cuestionando las amenazas que están sufriendo los vecinos a través de llamadas, sistemas de mensajería y ofertas de todo tipo para dejar sus viviendas, recordando la vigencia de la Ley de Vivienda que regla la gestión de Viviendas de Protección Oficial, entre otras cuestiones.