El área de Recursos Humanos y todos los sindicatos representados en el Ayuntamiento de Santa Cruz han mostrado sus diferencias en torno al restableciamiento de las condiciones de trabajo del personal corporativo previas a la aplicación de las medidas correctivas en el ejercicio 2012 establecidas por el Estado para hacer frente a la crisis económica que asolaba al país, y que significó el incremento de las horas semanales de los trabajadores de la administración de 35 horas que estaban establecidas a las actuales 37,5 horas.

Estos cambios se produjeron tras la aplicación de la Disposición Adicional 71 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, una normativa que ha sido derogada y que tendría que dejar las condiciones de trabajo del personal en los mismos parámetros que existían antes de la aplicación de la disposición en cuanto al cumplimiento de la jornada laboral semanal.

En este caso, este restablecimiento del horario de trabajo y la asunción por parte del ayuntamiento del 100% de las IT (incapacidades temporales) es la pretensión de las organizaciones sindicales (IC, UGT, CCOO, Asipal, Sepca y Csif) frente al área de Recursos Humanos del ayuntamiento, un cambio que quisieron exponer a modo de protesta antes de la celebración de una rueda de prensa en la sede del ayuntamiento que tuvo que retrasarse ante una posible intervención de los trabajadores o algún atisbo de conflicto.

El encuentro informativo se celebró, aunque ya la mecha estaba encendida. Ante la reclamación de las organizaciones sindicales, la corporación pretende su aplicación "si bien apuesta por conciliar esta modificación de la carga laboral con la garantía plena en la prestación de los servicios municipales".

Señala que a pesar de las diferencias, está por el diálogo y la negociación con los sindicatos, aunque advierte de que la reducción es potestativa de cada administración pública, en ningún caso vinculante", añadió entre otras cuestiones.

Sobre ello, las formaciones sindicales, de distinta forma, reclaman el restablecimiento de las condiciones de trabajo y ese 100% de las IT "sin condiciones", ya que entienden que la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado ya permite la modificación de la jornada laboral semanal (de 37,5 a 35 horas) previa negociación colectiva siempre que se cumpla la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de la deuda.

En líneas generales, ambas partes esperan llegar a un acuerdo para evitar choques y no condicionar las relaciones existentes entre la administración y los sindicatos.