El portavoz de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, ha reclamado hoy que se reponga en derecho a las personas residentes en el Valle de Las Huertas y Montaña Morera, una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena al exasesor jurídico Mauricio Hayek.

Arcila ha hecho esta petición después de que el Tribunal Supremo confirmase la sentencia de tres años y medio de cárcel dictada contra el abogado que asesoró en la venta de los terrenos de Las Huertas, en Santa Cruz de Tenerife, Mauricio Hayek, y revocase la condena impuesta a los otros dos implicados en el caso.

El concejal de Sí se Puede ha presentado una moción para que en el próximo pleno municipal se acuerde tomar medidas como consecuencia de esa sentencia.

Dice Arcila que esa sentencia deja resuelto penalmente de manera definitiva y para la historia del municipio un "deleznable comportamiento que durante varias decenas de años tuvieron que sufrir muchos vecinos y vecinas de San Andrés, como consecuencia de los abusos realizados por el entonces abogado de la Junta de Compensación, que solo se movió por un afán de lucro desmedido".

La iniciativa de Sí se Puede plantea, en primer lugar, que la corporación muestre su solidaridad con los vecinos y vecinas afectados, "a la vista del sufrimiento que han tenido que soportar durante decenas de años como consecuencia de la actuación delictiva del asesor jurídico de la Junta de Compensación de las Teresitas".

Esta declaración debe incluir el interés del Ayuntamiento en que, de la manera más rápida posible, se reponga a esas personas económicamente por los daños ocasionados.

Asimismo, Arcila plantea como una actuación imprescindible la creación de una comisión municipal "a fin de determinar las razones por las que la Gerencia de Urbanismo, como administración tutelante, no intervino en el periodo en que se produjo este tipo de actuaciones delictivas".

A juicio de Sí se Puede, la confirmación de la condena obliga al Ayuntamiento a modificar el planeamiento urbanístico municipal para ajustarse a los criterios establecidos por la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincia emitida el 27 de abril de 2017, de manera que se adecúe la ordenación urbanística a los intereses municipales.

También opina que la corporación debe proceder a recuperar los usos dotacionales señalados por la Audiencia Provincial.