"La Administración del Estado debe articular algún procedimiento para simplificar la tramitación de proyectos específicos y de interés estratégico para el medio ambiente como la ampliación de una depuradora". Así lo solicita el concejal de Servicios Públicos de la capital, Dámaso Arteaga, que ha sufrido en primera persona las consecuencias del retraso en la puesta en marcha de mejora de la depuradora de Santa Cruz.

"Teniendo el proyecto y el presupuesto en la mano no es razonable una tramitación de cuatro años", remarca el edil, en referencia al tiempo que se ha prolongado el expediente de ampliación de la infraestructura que está ubicada en el barrio de Buenos Aires.

El concejal considera "contradictoria" la lentitud con la que se solventan este tipo de procedimientos y las exigencias en el cumplimientos de las leyes por parte de la Unión Europea (UE).

"La propia norma que está establecida para garantizar que las actuaciones que se hacen son adecuadas al entorno deriva en una tramitación tan larga que, mientras tanto, sigues incumpliendo la normativa", sostiene Arteaga, que reclama un "esfuerzo" para que las administraciones puedan acogerse a algún tipo de procedimiento abreviado y urgente motivado por este tipo de planteamientos medioambiantales.

Cabe recordar que por este tipo de asuntos España ha sido sancionada recientemente, con una multa millonaria, por la UE.

Precisamente, y respecto al inicio de las obras de ampliación de la depuradora de Buenos Aires, que el Ayuntamiento de Santa Cruz pretendía que comenzaran este mismo verano, Arteaga asegura que desde el Gobierno del Estado "no les han comunicado" que se hayan adjudicado los trabajos ni por cuánto tiempo se prolongarán la obras.

Eso sí, a pesar de los "temores" que surgieron con el cambio de gobierno, tras la llegada del PSOE a La Moncloa, el concejal descarta que eso vaya a influir en el procedimiento, aunque pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que las los trabajos de ampliación de la EDAR de Buenos Aires sean adjudicados "a la mayor brevedad" al tratarse de una infraestructura "estratégica" para la ciudad.

"Sería perfecto que tuviéramos la adjudicación en los primeros quince días de septiembre. Pero parece que la tramitación se dilata", valora el edil, quien resalta que esa infraestructura permitirá resolver uno de los problemas "más importantes" que hay en Canarias, como son los vertidos al mar.

Al respecto, y preguntado por la crisis de las microalgas que el año pasado pusieron en jaque a todas las administraciones, el concejal de Servicios Públicos prefirió "no polemizar" con un asunto que se ha demostrado que tenía que ver con un efecto natural, y sostuvo que Santa Cruz ha mantenido una posición, "que es reducir los vertidos en el litoral del municipio", con las dificultades señaladas.

El contrato de la limpieza, para septiembre

El concejal de Servicios Públicos "confía" en que en septiembre esté adjudicado el nuevo contrato de limpieza, el de más cuantía de cuantos gestiona el Ayuntamiento de la capital.

Ahora mismo, el consistorio está pendiente de la consulta que se le ha realizado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias ,el órgano de asesoramiento y de tramitación administrativa de la Comunidad Autónoma.

Es decir, que el procedimiento está "suspendido" hasta que llegue la respuesta a esa consulta, que se produjo tras la reclamación de uno de los licitadores. "En cuanto llegue, la mesa de contratación tomará una decisión entre una de las dos alternativas que tiene", apunta.

Respecto a la polémica que ha surgido en las últimas semanas con el Cabildo de Tenerife en relación con la limpieza de los barrancos, Dámaso Arteaga reconoce que, en estos casos, existen, a veces, fincas particulares por medio que el propietario debe mantener limpias.

"Independientemente de la obligación que tenemos las administraciones de mantener los cauces de los barrancos y los entornos en las mejores condiciones posibles, también están los particulares con las fincas colindantes", advirtió el edil. "Muchas de ellas llegan a los márgenes y las limpiezas son del cauce, porque, en ocasiones, los laterales son particulares, independientemente de los cinco metros de retranqueo que fija la ley", detalla. Por este motivo, defiende que más que buscar la responsabilidad por un hecho que se ha producido, hay que incidir en el "deber" de mantener los espacios limpios para evitar problemas de estas características.

En todo caso, Arteaga recuerda que el mantenimiento en condiciones de los espacios privados está fijado en la normativa municipal, por tanto si no se cumple puede se denunciable.