El Consejo Rector de Urbanismo aprobó ayer la adjudicación del contrato marco para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) y Evaluación Ambiental Estratégica de Santa Cruz a la sociedad limitada profesional Álvarez-Álvarez & Navarro por un importe de 1,1 millones de euros en un plazo máximo de ejecución de 17 meses.

Con la adjudicación de este contrato, Santa Cruz emprende el proceso definitivo de normalización y homologación jurídica del planeamiento urbanístico después de la resolución judicial de anulación del Plan vigente de 2013 dictada hace un año por el Tribunal Superior de Justicia y recurrida en casación por el ayuntamiento ante el Tribunal Supremo (TS).

La concejal Zaida González manifestó que la adjudicación representa "el comienzo de la cuenta atrás para que Santa Cruz se dote de una vez por todas y a la mayor brevedad de un Plan General integral y ajustado a la legalidad, que disipe cualquier duda o incertidumbre para todos los actores, públicos y privados, que interactúan en materia de planeamiento".

Recordó que "con independencia de la suerte que corra el recurso de casación presentado ante el Supremo, el objetivo desde hace meses es trabajar en paralelo para corregir tantos los déficits del planeamiento de 2013 como las consideraciones que llevaron al Tribunal Superior a declararlo nulo".

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, indicó por su parte que "desde Urbanismo ya veníamos trabajando en solventar todas las deficiencias detectadas en el Plan de 2013, entre otras las referidas a los planes parciales de desarrollo, pero ahora tras la sentencia del TS también incorporamos la Evaluación Ambiental Estratégica".

"Nuestra intención ha sido siempre que cuando el Supremo resuelva el recurso de casación, Santa Cruz esté en las mejores condiciones para aprobar un PGO absolutamente legalizado, de forma que la ciudad no quede estancada y deba iniciar de cero un nuevo planeamiento con la pérdida de tiempo y de oportunidades que eso representaría", argumentó.

El edil destacó que, entre otras cuestiones, la redacción del nuevo plan persigue la simplificación del marco de actuación, de manera que el no remita tanto al desarrollo de planes especiales o parciales y permita agilizar la inversión pública y privada en la ciudad.

Asimismo, Tarife avanzó que esta nueva redacción permitirá actualizar el catálogo de protección anejo y, en ese sentido, representa un cauce sensato y oportuno donde dirimir las diferencias de criterio que al respecto mantienen las corporaciones municipal e insular.

De igual forma, confirmó que el futuro PGO debe desarrollar con precisión los 573.000 metros cuadrados cedidos al municipio por la compañía Cepsa y que son la vía más importante de expansión que tiene la capital a medio y largo plazo.

Por último, Carlos Tarife insistió en que el planeamiento sobre el que se trabaja tendrá especial incidencia en el distrito Suroeste al abordar la ordenación y reubicación de las actividades logísticas de carácter industrial con el fin de recuperar suelo rústico y racionalizar los usos industriales y residenciales de la zona.

No obstante, advirtió que aunque el plazo de entrega es de 17 meses "lógicamente el proceso atenderá cuantos periodos de información pública se precisen para garantizar no solo la legalidad sino fundamentalmente la participación ciudadana".