El salón de actos acogió en la tarde de ayer una asamblea extraordinaria que cerró filas en torno a su presidente, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, y su gestión del conflicto surgido con la Policía el miércoles 27 de junio, que comenzó al negarse el acceso a una persona por ir en bermudas y acabó con el intento de los guardias a intervenir en la institución y la petición del presidente de la sociedad de que abandonaran la sede.
Los 176 socios cerraron filas en la reunión de ayer, convocada por el presidente, para dar su versión de los hechos. Comenzó su intervención asegurando que por primera vez en los 178 años de historia del Casino nunca había entrado así la Policía, y que no estaba dispuesto a tolerar este comportamiento. Eso sí, desde la institución y el cargo que ocupa ofreció máxima colaboración a las fuerzas del orden, pero fue tajante a la hora de salir en defensa del personal de la institución -los dos ordenanzas, el conserje y la gerente-, que se encontraban en la sala y para los que pidió el aplauso de los socios, que se prolongó durante varios minutos, según precisaron las fuentes consultadas.
Cabrera Pérez-Camacho aseguró que no está dispuesto a tolerar que se amenazara a los trabajadores del Casino, a los que aseguró que se les llegó a insinuar que podrían ser detenidos si no colaboraban con las fuerzas del orden cuando entraron a la sede sin tener una orden judicial y por una causa mayor que lo justificara.
El presidente, letrado de profesión, dijo ser consciente de la decisión que tomó y reiteró que el comportamiento de la Policía fue ilegal, y admitió que no quedó más remedio que acudir a malos modos para echarlos del Casino.
Tras informar de que ha presentado la correspondiente denuncia, el presidente dijo que se daba por satisfecho si la Policía Local incoa expediente a los agentes y espera que ese comportamiento sea sancionado. Sentenció que los socios, cuando lo eligieron, no querían un presidente florero, sino que tomara decisiones.
Los sindicatos CSIF de la Policía Local de Santa Cruz y UFP, SUP y ASP de la Policía Nacional criticaron ayer en sendos comunicados los problemas surgidos tras impedirse a un agente de paisano la entrada al Real Casino de Tenerife en base a una reglamentación interna y los problemas posteriores que han generado la apertura de un expediente de información reservada a los agentes actuantes.
La nota informativa del CSIF afirma que adoptará aquellas "acciones judiciales precisas en defensa de los derechos individuales de los empleados públicos", criticando que el alcalde de Santa Cruz ha tenido "una actuación desviada a la hora de gestionar una simple intervención policial incoando un expediente de información reservada a los agentes actuantes". Sobre ello calificó de "impropia" la actuación del regidor, que, "lejos de proteger el servicio público policial, procede a la apertura del expediente en el ámbito de la actividad disciplinaria".
La UFP, el SUP y ASP criticaron la gestión del asunto por parte del presidente del Real Casino de Tenerife, denunciando la actividad en las redes sociales con hechos que, según consideran, no se ajustan a la realidad y buscan influir con ellos en la opinión pública, reclamando una inspección en la sede del Casino para verificar que no disponía de medidas informativas y documentales preceptivas.
Unas bermudas, el origen
El Casino acogió el miércoles 27 un concierto abierto al público. Cumpliendo las normas, los ordenanzas impidieron el acceso a una persona por ir en bermudas, que llamó a la Policía. Acudió la Nacional, que se marchó, y una pareja de la Local, que requirió a un mando. La Policía instó al personal del Casino a que se identificara, y estos llamaron a la gerente y al presidente, que estaban en la sociedad. Los guardias requirieron los permisos, al ser un acto público -licencia, plan de seguridad...-, según su versión. El presidente los expulsó por carecer de orden judicial. Tras marcharse los agentes, el afectado, que iba en bermudas, volvió y mostró su placa -descubriendo que era policía nacional- y pidió datos del personal para denunciarlo. Al siguiente día, la sociedad colgó en su página de Facebook la fotografía de un guardia que intervino, para más tarde suprimirla.