La Policía Local de Santa Cruz no dará tregua a los portadores de tarjetas para personas con movilidad reducida (PMR) falsificadas, y, en adelante, algunos de los casos acabarán en los juzgados, tal y como avanzó hace algunas semanas la concejal de Seguridad de la capital, Zaida González.
Precisamente, la citada edil y el responsable del área de Accesibilidad, Carlos Correa, se reunieron ayer con la fiscal jefe de la provincia tinerfeña, Carmen Almendral, con el objeto de que la Fiscalía "detalle" qué tipo de situaciones denunciadas por los agentes podrían ser denunciadas en los tribunales, y, por tanto, que no se queden solo en la mera sanción administrativa y económica municipal.
Según apuntó González a este periódico, ayer se le dio traslado a la fiscal "de toda la información" de la que dispone el ayuntamiento al respecto. La idea es, añadió, que la semana que viene el consistorio pueda contar ya con "un resumen" de las situaciones que podrían remitirse a los juzgados.
"Nuestra intención es que la Fiscalía nos asesore. Esta situación clama al cielo", subrayó, quien lamentó también que a pesar del incremento de denuncias que se ha producido en los últimos meses -aunque se viene haciendo desde 2016-, y la repercusión mediática que ello ha tenido, "seguimos retirando tarjetas".
En este sentido, la edil agradeció de nuevo la labor que están realizando los agentes de la Policía Local "que están muy implicados en esta materia". "Gracias a ellos están saliendo a la luz estos casos", insistió.
Cabe detallar que en lo que va de año, y según datos aportados por el Cuerpo Local de Seguridad, en lo que va de año la cifra de este tipo de documentos retirados en la capital tinerfeña roza las 80. Es más, las cifras que constan en la unidad administrativa revelan que la media mensual de permisos retirados durante 2018 se cuantifica en una quincena.
De las últimas once tarjetas para PMR retiradas, hace unas dos semanas, cuatro eran utilizadas por personas que no eran los titulares de la misma; otras tres fueron detectadas siendo usadas por familiares de los titulares de estos documentos; y en cuatro casos esta ilegalidad era cometida por los propios beneficiarios de esta acreditación, aunque portando únicamente una fotocopia a color de la citada tarjeta.