Santa Cruz de Tenerife
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Medio Ambiente aconsejará evitar el baño en 30 puntos de la costa

El concejal Carlos Correa señala que se trata de zonas que no tienen consideración de playas y en las que se informará mediante cartelería de los riesgos que entraña acceder a ellas.
El Día, S/C de Tenerife
15/jun/18 6:22 AM
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El Ayuntamiento de Santa Cruz recomendará evitar el baño en 30 de los 35 enclaves costeros del municipio que usualmente son utilizados por las personas para bañarse, una medida que está preparando el área de Medio Ambiente de la corporación para limitar los riesgos de los vecinos en zonas específicas de la costa capitalina que carecen de servicios de socorristas, que pueden ser peligrosos o sus senderos tienen a algún riesgo. Además, anunció que ha propuesto al Gobierno de Canarias incluir en el decreto de Playas que está elaborando una tabla de sanciones sobre los actos imprudentes que puedan cometer los propios bañistas en las zonas del municipio.

Así lo adelantó ayer el concejal del área, Carlos Correa, en el transcurso de una de las comparecencias de la Comisión de Control (fueron 7 en total, más 12 preguntas) celebrada ayer en la sede del ayuntamiento, a propuesta de Izquierda Unida (IU) y su edil Ramón Trujillo, que cuestionaba la protección de los bañistas en el municipio.

En esa declaración el edil del PP puso énfasis en los datos elaborados por su área, recordando que el año pasado se produjeron en la costa 7 muertes, dos de ellas por imprudencias en zonas incompatibles con el baño, y el resto cuando estaba expirado el horario de trabajo de los socorristas o en condiciones en donde existía una bandera roja.

En relación a ello, recordó que existe el servicio salvamento y socorrismo en las playas aptas para el baño (Las Teresitas, Almáciga, Roque Las Bodegas, Benijo y Las Gaviotas) y el resto no tiene consideración de playa, sino de acceso al mar de posible baño. "Esto ha sido recogido en un estudio de la Unidad del Medio Natural (UMEN) que incluye las zonas controladas, cinco enclaves. En el resto, un total de 30, está desaconsejado el acceso por su orografía o riesgo, lo que imposibilita el servicio de salvamento", explicó.

Correa dijo que en estos 30 enclaves "se pondrá cartelería de que son puntos que no están atendidos por el servicio de socorrismo, son accesos al mar en los que se bañen lo harán por su propia cuenta y riesgo", advirtió.

El servicio y la seguridad en las playas fue rebatido por los concejales de la oposición, siendo el edil de SSP, Pedro Fernández Arcila, el que salió menos convencido de las respuestas generales de Correa y mucho menos en lo relativo a la pregunta sobre "qué grado de protección tienen las playas de Anaga". Y la respuesta no se hizo esperar, ya que el popular tenía preparado la ristra de servicios y la extensión de los mismos que se desarrollan en el Norte. "Usted pregunta y responde siempre negativamente", ironizó Correa en un momento de su alocución.

Donde sí saltó alguna chispa fue cuando la edil Evelyn Afonso (Cs) mostró dudas con el procedimiento de la adjudicación del contrato del servicio de limpieza, cuestionando que Valoriza es la empresa que mejores condiciones económicas ofrece frente a Urbaser, aunque con la duda de una mejor prestación de servicios en base a una posible "baja temeraria". A esa idea se sumaron el PSOE, SSP e IU.

En este punto, el edil responsable de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explicó que el proceso de adjudicación "ha entrado en su recta final", añadiendo a la información que el miércoles, la mesa de contratación reclamó la necesidad incrementar la garantía y seguridad jurídica del proceso con un informe asesor de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias, último proceso de la adjudicación".

En cualquier caso, apuntó Arteaga que "el nuevo contrato garantizará los puestos de trabajo de los operarios que actualmente desarrollan el servicio a través de la empresa Urbaser", que tiene prorrogado el contrato, y defendió que en la actualidad el servicio que se presta con esa prórroga "también está garantizado".

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), aseguró ayer que el ayuntamiento "insistirá en el criterio de la secretaria del pleno con respecto a la tramitación del Plan Especial de Protección del conjunto histórico de El Toscal", todo ello a pesar de se hiciera público otro del Gobierno de Canarias informando negativamente, pero sin ser vinculante, en el que se ponía en cuestión el procedimiento.

En esa línea, y tras la exposición de Tarife por la demanda de comparecencia de Evelyn Afonso (Cs), tanto José Ángel Martín (PSOE) como Pedro Hernández Arcila (SSP) defendieron la postura de la secretaria del pleno cuando en base a un informe aconsejó retrotraer la tramitación del plan a la fase de información pública para disipar cualquier tipo de duda las dudas sobre su legalidad.

"En ese sentido, debe existir un contrainforme al documento del Ejecutivo regional, razonado y fundamentado jurídicamente, para evitar cualquier problema", añadió Arcila.

Afonso se mantuvo en que se trata de una nulidad del plan, algo que afeó la mesa recordando que el informe del Ejecutivo no es vinculante, y acusó a Tarife de "engañar a los toscaleros" con un plan que nunca parece culminarse. La oportunidad de contestar no la dejó pasar José Alberto Díaz Estébanez, que acusó a Cs de cambiar criterios por "un fichaje estrella", Carlos Garcinuño, exedil de Urbanismo.

otros asuntos

El edil de Promoción Económica, Alfonso Cabello (CC), compareció a petición de SSP para explicar los motivos por los que no se convocó a una reunión a la Cofradía de Pescadores de San Andrés acerca del proceso del expediente del Refugio Pesquero de San Andrés. Al respecto dijo que se trató de un encuentro que sirvió de toma de contacto entre miembros de Costas y Autoridad Portuaria "para ponerlos al día", destacando que se informó a los profesionales antes y después del encuentro.

Un apunte discutido fue el del alquiler vacacional a propuesta de José Ángel Martín (PSOE) por los problemas que está generando en el residencial. Compareció otra vez Cabello (CC), quien dijo que el alquiler vacacional no es la variable en Santa Cruz para explicar la subida de alquileres, apuntando que el ayuntamiento está a espera del Gobierno de Canarias, que someterá a información pública la regulación general, para ajustarlo su normativa.

Carlos Tarife, muy activo en las comparecencias de ayer, aseguró que el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) contendrá más bolsas de suelo rústico y de uso agrícola en el Suroeste, dando órdenes a los redactores "para cambiar suelo urbanizable a otra calificación para preservar el entorno natural". No obstante, una de las peticiones de Fernández Arcila (SSP) de eliminar la Vía Exterior fue contestada con una negativa "porque está incluida en el PIOT".

A preguntas de SSP, el concejal de Urbanismo fue acusado de "amenazar" a las siete familias afectadas por la expropiación de sus viviendas para la construcción de la vía del barranco Santos. Fernández Arcila reclamó la construcción del edificio contemplado en el acuerdo de expropiación en la calle Fermín Morín. Apuntó que es inadmisible que Urbanismo presionara a los afectados con que o "aceptan la indemnización o se deja de pagar los alquileres", una cuestión que Carlos Tarife desmintió totalmente señalando que se está negociando.