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El Pleno pide a Puertos dar apoyo legal a la Cofradía de Pescadores

Los grupos políticos acuerdan por unanimidad que la medida sea transitoria a la espera de que se resuelva la apertura de un expediente para la creación del refugio pesquero.
El Día, S/C de Tenerife
26/may/18 6:24 AM
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El acuerdo por unanimidad sobre el comienzo del trámite para la creación de un refugio pesquero para la mantener la actividad de la Cofradía de Pescadores de San Andrés y la aprobación de solicitar el uso compartido de parte de las instalaciones del cuartel de Almeyda fueron parte de los asuntos que más llamaron la atención en la sesión plenaria celebrada ayer en el Ayuntamiento capitalino, en la que se trataron, además, un total de 31 cuestiones más.

La moción de la creación del refugio pesquero de San Andrés fue defendida por Pedro Fernández Arcila (SSP), teniendo por base el conflicto por el cierre y desalojo del restaurante de la cofradía, la mayor fuente de ingresos del único colectivo profesional santacrucero de pescadores, auspiciado por la Gerencia de Urbanismo a instancias de la Dirección General de Costas.

El acuerdo, al margen de reclamar para San Andrés el refugio, vino acompañado por solicitar a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife que ampare bajo su dominio y dé cobertura legal a las actividades de la Cofradía de Pescadores, un apunte muy importante que terminó por desatascar una discusión que se había enquistado en varios momentos del debate.

Fue Fernández Arcila el que puso sobre la mesa la necesidad de defender la actividad del restaurante con el aval del trámite para la declaración de refugio pesquero de San Andrés, recordando que la falta de regulación durante años y la "pasividad de la corporación" impidieron una solución al problema del restaurante y la legalización de la actividad en terrenos de competencia estatal.

La defensa a ultranza de la protección de la actividad de los pescadores fue total por parte de todos los grupos políticos, aunque el edil de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), recordó que desde 2009 ya se advertía que la actividad del restaurante "era ilegal y que la ubicación donde trabajaban los pescadores estaba dentro del deslinde marítimo-terrestre", la base del problema con toda la actividad de la Cofradía de Pescadores .

Lo cierto es que costó llegar al acuerdo, aunque la inclusión de implicar a todas las administraciones públicas posibles en la creación del refugio pesquero y la iniciativa de la Autoridad Portuaria enmendaron un acuerdo aprobado por unanimidad.

Por otra parte, se enquistó el debate en el uso exclusivo municipal por parte de la ciudadanía de un parque urbano en las instalaciones del cuartel de Almeyda, moción de Eligio Hernández (SSP), cuya ambición fue superior al acuerdo final.

En este caso, Tarife (Partido Popular) y el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) apostaron por una idea ambigua para mantener un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Estado que ha costado años, fijándose la definición de "uso compartido" para hacer realidad las infraestructuras de un parque urbano, el museístico y el aparcamiento, una información que adelantó EL DÍA en su edición del jueves. Fue aprobada en estas condiciones.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de San Andrés, José Luis Déniz, alertó del problema que supone que se cierre el restaurante de la cofradía, que genera la mayor parte de los ingresos de los profesionales, aseguró ayer en el transcurso de una rueda de prensa apoyado por los patrones de otras cofradías, mientras que uno de los miembros del colectivo, Andrés Hernández, defendía en el pleno a los pescadores.

Déniz advirtió del daño futuro que se le puede hacer a la cofradía que no podría aguantar un año sin tener los ingresos actuales, recordando que de la actividad viven 11 trabajadores y dependen 200 familias. Dijo que se trata de una situación generada por las administraciones que dura más de 30 años y que desconfían de las soluciones y procesos emprendidos.

otros asuntos

La mayoría conformada por CC y PP rechazó una moción de Ciudadanos en la que se pedía incrementar la limpieza en los barrios, defendida por Antonio Blanco y que fue respondida por el edil de Servicios Municipales, Dámaso Arteaga, argumentando que en el último año han bajado un 33% las incidencias sobre reclamaciones de limpieza, entre otros.

Buena acogida tuvo una propuesta de Tino Guzmán (PSOE) de ampliar la oferta asistencial a los mayores, por lo que el pleno aprobó instar al Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife a que aumenten el número de plazas, así como el de centros asistenciales pasando de 6 a 8 en dos años.

El pleno rechazó una propuesta de Fernández Arcila (SSP) en la que instaba al ayuntamiento a incrementar el personal técnico de Urbanismo para revisar el catálogo de inmuebles, implicando al área de Patrimonio del Cabildo como asesores. No fue aceptada y, en este caso, Urbanismo informará previamente sobre los inmuebles susceptibles de tener valor patrimonial.

Ciudadanos, a través de Enrique Rosales, defendió un plan personalizado de pago de tributos, una moción que fue rechazada porque el nuevo contrato del programa de tributos ya contempla la posibilidad de hacerlo, solo que se está en proceso de volcar los datos fiscales de los vecinos para luego desarrollarlo, dijo el edil de Hacienda, Juan José Martínez.