Solo era cuestión de tiempo, y ayer, esta vez parece que de forma definitiva, llegó el final. La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz dictó sendas resoluciones en las que, por un lado, ordena el precinto del restaurante de la Cofradía de Pescadores de San Andrés, y, por otro, propone multar al actual propietario con 20.000 euros por no haber cumplido la orden de cierre dictada el pasado mes de noviembre.

En la primera de las resoluciones firmadas por el concejal Carlos Tarife se reitera que el establecimiento carece de licencia de apertura o comunicación previa para la actividad que desempeña, y, además, se da cuenta de la desestimación, por parte de Urbanismo, de las alegaciones que había presentado el actual responsable del restaurante, Lázaro José Déniz, a otra resolución, de enero de este año, en la que se iniciaba el procedimiento de actividad clandestina.

La Gerencia da, en este caso, cinco días hábiles al dueño, a contar desde el siguiente al de notificación de la resolución, a fin de que se proceda a la retirada del interior del local de todos los elementos y productos perecederos, así como los enseres que se estimen oportunos. Transcurrido dicho plazo, se podrá llevar a cabo el precinto por parte de funcionarios del ayuntamiento.

Con respeto a la segunda resolución dictada ayer, Urbanismo resuelve iniciar un expediente sancionador contra el propietario del restaurante de la Cofradía como presunto responsable de la comisión de una infracción "muy grave" al carecer de título habilitante para el desarrollo de la actividad que ejercía, y propone una multa de 20.000 euros y la clausura del establecimiento. El pago voluntario de la sanción en cualquier momento anterior a la resolución significaría una reducción del 20%.

El documento recoge que en una visita de comprobación por parte de funcionarios, realizada el pasado 2 de mayo, se levantó acta de inspección en la que se hizo constar que el local se encontraba abierto y ofreciendo al público la actividad de bar-restaurante.

Según había informado este periódico el pasado 9 de febrero, el primer expediente de actividad clandestina abierto contra el establecimiento ubicado a la entrada de la playa de Las Teresitas había caducado, pero la Gerencia abrió otro que ha dado como resultado las dos resoluciones mencionadas.

La medida adoptada ayer coincide con la presentación, por parte de Sí se Puede, de una moción en la que propone que el pleno que se celebra a finales de mayo muestre el apoyo del Ayuntamiento capitalino a la creación de un refugio pesquero en Las Teresitas y que impulse el acuerdo institucional adoptado el 31 de julio de 2017, por el que la corporación debe convocar una reunión con las partes implicadas para firmar un acuerdo institucional de apoyo a la Cofradía de Pescadores y su compromiso para que sea reconocido como Refugio Pesquero. Esta vía solo serviría, según se puso en conocimiento en ese momento, para salvar la actividad pesquera, pero no la de restauración.