El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, exigió ayer "celeridad" al Gobierno central en la adjudicación de la ampliación de la depuradora de Santa Cruz, una obra que está llamada a resolver "de una vez por todas" los vertidos al mar en la cuenca del área metropolitana.

El edil recordó que la licitación se inició en noviembre de 2017 y detalló que, aunque el plazo de presentación de propuestas estaba previsto para el 23 de enero, se amplió hasta el 13 de febrero de 2018, sin que hasta la fecha se conozcan más avances.

Solo que el 1 de marzo visitaron la instalación de la capital técnicos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama).

"En principio tienen previsto adjudicar las obras en mayo, pero pasa el tiempo y para nosotros es estratégico que se haga a la mayor brevedad la adjudicación. No podemos esperar un año más. Santa Cruz no puede permitirse eso. Exigimos que se inicie en verano", subrayó Arteaga.

El concejal de Servicios Públicos insistió en que esta es una obra "urgente" tanto para la comarca como para cumplir con toda la normativa medioambiental europea. "No se puede cumplir si no se hace la depuradora. Lo sabe el Estado y lo sabe el Mapama", dijo.

Una vez que la infraestructura actual esté ampliada permitirá que Santa Cruz conecte todas sus aguas residuales desde San Andrés hasta Añaza, además de las que provienen de los municipios de La Laguna y El Rosario.

"Mientras eso ocurre -aclaró el concejal-, lo que hemos hecho es mejorar las condiciones de vertido en los puntos en los que se realizan en estos momentos, y en especial Cabo Llanos".

Arteaga aseguró que las condiciones de vertido en este último punto "no son las mismas" que en 2011, después de la inversión de 800.000 euros que se realizó el pasado ejercicio. "Se han mejorado mucho", subrayó. "Vertemos, pero no incumplimos la autorización de vertido", sostuvo.

En esta línea, el concejal de Servicios Públicos se quejó también de la lentitud con la que se tramitan las autorizaciones de vertido al mar a través de canalizaciones. "Tardan más de dos años", puntualizó, en referencia a los expedientes que tramita la Dirección General de Costas sobre las estaciones de Igueste de San Andrés y de San Andrés. En este último caso, la obra está, incluso, terminada.

"También exigimos celeridad con estos expedientes. Y no lo pedimos en agosto, lo pedimos ahora, para que cuando llegue agosto estén las infraestructuras funcionando y el impacto en el entorno sea menor", sostuvo Dámaso Arteaga.

"Se de la circunstancia de que las normas que están para proteger el entorno y para garantizar que todas las actuaciones se hacen correctamente están impidiendo y dilatando las soluciones de los problemas, de tal forma que se convierten en una distorsión más", lamentó.

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de la ampliación de la depuradora de Cabo Llanos es de 33 meses y el presupuesto consignado en 2017 por el Gobierno central es de 32,4 millones.